El circuito de Montmeló es un pozo sin fondo. La sociedad que explota las instalaciones no solo no gana un céntimo, sino que engulle cada año decenas de millones de los contribuyentes.

Los directivos del invento no atisban a corto plazo indicio alguno de que la fase depresiva vaya a desaparecer. En consecuencia, prevén que los resultados deficitarios seguirán estando, impertérritos, a la orden del día.

La firma gestora, denominada Circuits de Catalunya, sólo cuenta con tres accionistas, a saber, la Generalitat, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y el Ayuntamiento de Montmeló. Sus participaciones respectivas son de un 79%, un 14% y un 7% del capital.

Hasta hace unos pocos años, al terceto de marras no le quedaba otro remedio que echar mano de sus carteras e insuflar recursos frescos para cubrir los incesantes números rojos y mantener el negocio en pie. Pero el RACC y el consistorio local proclamaron tiempo atrás que su generosidad se había acabado, que cerraban el grifo y que renunciaban a acudir a más ampliaciones de capital.

Así pues, el Govern se quedó solo frente al peligro, de forma que sus subvenciones directas son la única fuente de financiación recurrente para la subsistencia del autódromo.

Las ayudas oficiales ascendieron, solo en el pasado trienio, a la bagatela de 63 millones de euros. Su importe se destinó por entero a cubrir el agujero contable. A la vez, la Administración catalana sufraga hasta el último céntimo las inversiones necesarias para mantener el recinto en perfecto estado de revista.

En semejantes circunstancias, la Intervención General de la Generalitat descubrió en 2020 un alud de irregularidades que venían perpetrando los responsables de la entidad. Entre otras menudencias, sacó a la luz serias anomalías en el control interno de los contratos, sobre todo los de pequeño importe.

Asimismo detectó adjudicaciones indebidas y reparto de entradas gratuitas a destajo. Por último, destapó que los directivos se habían embolsado gratificaciones por valor de 530.000 euros, al margen y en quebranto del convenio establecido.

Mientras se cometían esos abusos, el auditor Uniaudit-Oliver-Camps, no dijo ni pío y rubricó sus informes con la sobada declaración de que “las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera”.

El problema medular de Circuits radica en su propia naturaleza de empresa pública. Sus gestores son designados a dedo por los partidos que se alojan en la plaza de Sant Jaume. Por tanto, cambian con insufrible frecuencia al compás de las mudanzas que experimentan las formaciones dominantes del cotarro.

Desde 2019 han ocupado la presidencia de forma sucesiva Vicenç Aguilera, Josep Mateu, María Teixidor, Ramon Tremosa y Roger Torrent, este último, además, conseller de Empresa y Trabajo.

Adicionalmente al baile de cargos transcrito, es harto sabido que las compañías y entidades manejadas por los políticos vernáculos suelen ser caldo de cultivo de un festín de mangoneos, comisiones bajo mano y latrocinios sin cuento.

Circuits proclama en el primer párrafo de su memoria anual que no persigue objetivos meramente empresariales, es decir, ofrecer carreras a los aficionados y lograr un cierto rendimiento económico para su cuerpo de accionistas, integrado en última instancia por el conjunto de los catalanes.

El informe sostiene pomposamente que sus quehaceres corporativos abarcan una misión mucho más trascendental. Consiste en “contribuir a que Cataluña proyecte una imagen de país en todo el mundo”.

Ignoro la magnitud de esa supuesta irradiación internacional. Pero las cifras económicas que presentan las actividades ordinarias de Circuits no pueden ser más deplorables. Durante los 12 pasados años arrojaron una facturación global de 250 millones, unas aportaciones oficiales de 125 millones… y unas pérdidas de 83 millones. En resumen, un desastre sin paliativos.

El estadio vallesano es una iniciativa promovida desde sus orígenes por el poder público. El régimen de Jordi Pujol lo impulsó a finales de los años 80, para tomar el relevo del legendario pero ya obsoleto circuito de Montjuïc. Esa montaña barcelonesa albergó entre 1932 y 1986 un trazado urbano que trascurría pendiente abajo por sus laderas. A lo largo de más de medio siglo se organizaron en él Grandes Premios de España y de Fórmula 1, amén de todo tipo de competiciones de la industria del motor.

Jordi Pujol articuló un consorcio del que formaban parte los tres socios actuales, con el total apoyo crematístico de la Generalitat. La primera piedra en los terrenos de Montmeló se puso en 1989 y la inauguración acaeció en septiembre de 1991, con un campeonato nacional de turismos.

Es sabido que segundas partes no fueron buenas. En todo caso, el circuito que nos ocupa es una pura ruina en términos de rentabilidad económica.