Los taxistas denuncian a Cabify por estafa

Los taxistas de querellarán contra Cabify por estafa. Unos 2.000 conductores de toda España presentarán una querella en la Audiencia Nacional contra varias empresas y directivos de la industria del sector de vehículos con conductor (VTC). La acción penal por, entre otros delitos, estafa, se dirigirá contra Juan de Antonio ,fundador y consejero delegado de la tecnológica, entre otros.

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Tito Álvarez y el exjuez y abogado Elpidio José Silva han presentado hoy la querella. Se vehículo mediante la Plataforma Integral del Taxi (PIT) y ha agrupado a más de 2.000 profesionales del sector. El texto acusatorio asegura que De Antonio y una treintena de sociedades y ejecutivos cometieron, siempre según ellos, ocho tipos penales. Éstos van desde la estafa masiva a un delito contra Hacienda, vulneración de los derechos de los trabajadores, administración, blanqueo de capitales y alteración de precios mediante engaño.

Uber y Cabify, apuntadas

El conductor ha precisado que la acción penal se dirige contra quince empresarios y ejecutivos del sector de los VTC, y contra trece sociedades. Entre otras, los taxistas apuntan a Uber y Cabify. Figuran en el texto que se entrará en el tribunal especial el presidente de Unauto VTC en Cataluña, José María Goñi; el consejero delegado de Moover Cars, Rafael García Tapia, amén de los hermanos Ortigüela, Juan y Ramon, fundadores de Ares Capital.

Con lo que respecta a las mercantiles, los taxistas citan a las empresas Cibeles Confort Cars; Gesstaxi Gestion; Ares Capital;  Siargao Directorship; Vector Ronda Teleport;  Moove Cars;  Maxi Mobility Transporte de Viajeros; Prestige and Limousine y Aerocity y Garment Investments, entre otras. Consideran los denunciantes que estas firmas forman parte de una "trama criminal".

'Cerrojazo' en Barcelona

La querella presentada hoy sigue a la aprobación ayer miércoles del reglamento metropolitano de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Barcelona. Dicha nornativa pone trabas a la operativa de las empresas que trabajan con estas habilitaciones, obligándolas a seguir una precontratación de 60 minutos, en lugar de los 15 que rigen a nivel autonómico desde febrero.

El texto fue aprobado con el voto favorable de Barcelona en Comú, PSC y CUP. Ciudadanos y PP rechazaron la normativa, mientras que JxCT y ERC se abstuvieron. Curiosamente, estos dos partidos dieron luz verde a principios de año a otra restricción a las VTC, esta vez a nivel autonómico, que provocó la fuga de Uber de Barcelona y varios expedientes de regulación de empleo (ERE).