El Supremo embarga las cuentas de la Generalitat por negarse a pagar 3.146 euros

El Tribunal Supremo ha dictado orden de embargo contra las cuentas de la Generalitat de Cataluña después de que la institución se haya negado a pagar 3.146 euros. Esta cantidad corresponde a la condena en costas más intereses del litigio que la Administración autonómica perdió a raíz de la chapuza del decreto de convocatoria de las elecciones camerales de 2019.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en marzo de 2020 el decreto 175/2018 en base a un defecto de forma --en concreto, haberse saltado el trámite de participación ciudadana--. La Generalitat y el Consejo General de Cámaras de Cataluña recurrieron esta decisión ante el Supremo, que inadmitió el recurso de casación e impuso las costas a ambos en octubre de 2021.

En un auto al que ha accedido Crónica Global, fechado el pasado 21 de noviembre, la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal acuerda la ejecución del pago y el apercibimiento a la Generalitat para que dé cuenta de sus bienes y derechos susceptibles de embargo en un plazo de 10 días. Por su parte, un portavoz de la Consejería de Empresa y Trabajo ha asegurado que no han sido notificados formalmente de la decisión, contra la que no cabe recurso, y que la cantidad ha sido abonada.

"Inseguridad jurídica"

Fuentes consultadas por este medio destacan la gravedad de la situación. No solo porque la Administración autónomica no haya abonado todavía un adeudo irrisorio --por contra, el consejo cameral, también condenado en costas, sí lo ha hecho--, sino porque reafirma las críticas sobre la "inseguridad jurídica" con que actúa el departamento en manos de Roger Torrent.

Una sensación de "falta de garantías" que, de acuerdo con las voces críticas del anterior proceso electoral, se hace extensiva al momento actual. Y es que Empresa ya trabaja en un nuevo decreto de régimen electoral para los próximos comicios camerales que promete subsanar los errores de la anterior norma. Sin embargo, la actitud del Govern en este último episodio arroja dudas sobre sus buenas intenciones, aducen las mismas fuentes.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca / EP

Sensación de "indefensión"

Estos interlocutores afean la indiferencia de la Generalitat respecto a las resoluciones judiciales que han tumbado las elecciones que auparon a la candidatura independentista Eines de País, respaldada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a la Cámara de Comercio de Barcelona. Recuerdan que no solo se ha anulado el decreto electoral, sino que la propia votación celebrada en 2019 se ha puesto en entredicho, como han acreditado varias sentencias.

En concreto, se ha constatado que el sistema de voto electrónico vulneró derechos fundamentales al imposibilitar la identificación de los participantes. Ya sorprendió que la Generalitat no barajase la suspensión de la actual cúpula de la Cámara de Barcelona en atención a las irregularidades que podrían haber cambiado el resultado de las urnas --en 2019, la propia consejería de Empresa, como órgano tutelar, llegó a desestimar centenares de papeletas--. Por todo ello, cunde una sensación de "indefensión", de falta de confianza respecto a si esta vez Empresa manejará el proceso de forma escrupulosa para corregir los fallos de los últimos comicios.

Oficinas de la Cámara de Comercio de Barcelona en la avenida Diagonal / EP

Elecciones camerales en 2023

El embargo de las cuentas de la Generalitat supone otra vuelta de tuerca que deja aún más tocado el prestigio del propio gobierno catalán. "Se trata de la primera vez en que se embargan las cuentas públicas de la institución", reiteran fuentes jurídicas. Según otros observadores, tras esta dilación en el pago de las costas podría haber un conflicto larvado entre el equipo de ERC que controla Empresa y el entorno de la Cámara de Barcelona, en manos de otro sector del independentismo afín a la ANC. Es decir, un choque político que pasa al plano administrativo y, de rebote, empresarial.

Pese al conjunto de sentencias contrarias y el clima de deterioro institucional --acrecentado por decisiones polémicas de Eines de País como la reducción de las llamadas sillas de plata o la firma de un convenio de colaboración con el Consejo por la República, el ente fantasma del expresident Carles Puigdemont--, los trabajos preparatorios de las próximas elecciones camerales siguen su curso. Incluso se ha licitado un contrato de auditoría para validar la limpieza de las urnas. Los representantes de las 13 entidades de dinamización empresarial local catalanas se renovarán en el primer semestre de 2023.