Roger Torrent

El embargo de las cuentas de la Generalitat tras una condena en costas por las elecciones camerales de 2019 deja la institución a los pies de los caballos. El Govern no puede hacer caso omiso de una resolución judicial y trasladar esta sensación de dejadez o, lo que es más grave, de inseguridad jurídica a la ciudadanía e inversores. 

Todo ello, a las puertas de unos nuevos comicios camerales en que la Consejería de Empresa debería esforzarse en demostrar su voluntad de corregir todas las chapuzas de la anterior votación, marcada por las graves irregularidades certificadas en sede judicial.