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Ada Colau y Jaume Roures, ante una vivienda social de Barcelona / FOTOMONTAJE CG

Colau confía a Roures su vivienda social por delante de dos firmas expertas

El Ayuntamiento de Barcelona encarga a una filial de Mediapro, de la que recibirá 1,2 millones de euros, construir pisos protegidos público-privados

7 min

La oposición reclamó durante meses el expediente y finalmente ya es público. El Ayuntamiento de Barcelona ha dado a conocer las condiciones por las cuales una filial de Mediapro, grupo que fundó Jaume Roures, construirá vivienda social en la Ciudad Condal. Es la primera vez para ambas partes: una cesión de suelo a un privado sin precedentes para Barcelona en Comú y su líder y alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el proyecto de apertura de Mediapro en el campo de los pisos protegidos. Empezará con polémica, pues el conglomerado audiovisual se ha impuesto a dos empresas que son del sector y, además, expertas.

El negocio inmobiliario entre el Ayuntamiento de Barcelona y Mediapro by Ignasi Jorro on Scribd

Según el expediente del intercambio entre el Ayuntamiento y Mediapro [consultar aquí], Coyoacan Invest SL, una filial de la compañía de Jaume Roures, pagará en dos veces un canon de 1,2 millones de euros al Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB). A cambio de ello promoverá 54 viviendas de alquiler asequible en los números 11 a 15 de la calle Badajoz de Barcelona. El conglomerado se quedará la cesión del suelo para 75 años ampliable a otros 15. Desde la recepción del contrato público, Coyocan tiene nueve meses para pedir la licencia de obras y 12 para comenzarlas. Esos plazos han quedado tocados por la pandemia del SARS-CoV-2, por lo que acarrearán demora.

Gana a dos inmobiliarios

El negocio entre el Ayuntamiento de Barcelona y Mediapro contiene tres elementos relevantes. El primero es que el gobierno municipal de Colau elige al conglomerado audiovisual para construir vivienda de alquiler protegido. Y lo hace premiando la propuesta del grupo de Roures por delante de dos expertos: la filial del grupo inmobiliario sueco Semrén & Månsson --despacho que ha firmado numerosos proyectos en Escandinavia-- y una firma de Helesta Real Estate, un grupo con 30 años de experiencia en España. Según el expediente de caso, Coyoacan Invest ha triturado a los dos rivales en los criterios subjetivos (donde logra 29 puntos de 35) y, sobre todo, en los objetivos, donde alcanza los 65 enteros de los 65 posibles.

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Recreación digital de la promoción pública que elevará una filial de Mediapro para el Ayuntamiento de Barcelona / AJBCN

¿Cómo pudo lograr una filial de Mediapro, un grupo audiovisual, barrer a dos competidoras del sector inmobiliario? Según la documentación del concurso, por su propuesta "innovadora" que integra "privacidad y espacio público". Es sin embargo en la parte económica donde la filial del grupo de Roures logra mayor ventaja, convence al IMHAB y se lleva el encargo público.

Un expediente reclamado por la oposición

El segundo ángulo de este trato en particular entre la administración local y la compañía con sede en el número 177 de la avenida Diagonal de Barcelona es que, hasta ahora, se conocían muy pocos detalles del mismo. El concurso se cerró el 20 de noviembre de 2019. Ocho días después, el Ayuntamiento de Barcelona dio a conocer públicamente el proyecto --ver vídeo inferior--. Lo hizo la propia concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín (Barcelona en Comú). Ésta describió la iniciativa como la primera obra de pisos asequibles de "promoción delegada" del equipo de Colau.

A partir de ahí, opacidad. Barcelona pel Canvi (BxC), plataforma amplia liderada por Manuel Valls, exigió el expediente del caso. Lo hizo el 14 de febrero por la vía reglamentaria. El Ayuntamiento, pues, tenía 30 días para responder. No lo hizo. No ha sido hasta junio que el equipo de Martín, exdiputada de Unidas Podemos en el Congreso de Diputados, ha hecho público el dosier. A petición de este medio, la portavocía de prensa del segundo mayor consistorio de España apeló al estado de alarma y el retraso de los procesos públicos como causa para la no publicación del expediente en los portales de transparencia. Finalmente, ocurrió el 10 de junio, por lo que se han podido conocer los detalles.

¿Y el protocolo antiblanqueo?

Los pormenores del encargo del Ayuntamiento a Mediapro no esconden una tercera gran incógnita. Si la licitación fue cerrada el 3 de marzo de 2020, ¿por qué no se aplicó a la filial del grupo de Jaume Roures el protocolo municipal antiblanqueo? Según este código ético, aprobado por decreto de alcaldía en 2016 [consultar aquí], el segundo mayor consistorio de España declara "su voluntad de no tener relación jurídica con empresas que, directamente o mediante empresas pantalla o filiales, desvíen fondos a países considerados paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias".

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Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, regado de dólares durante una 'performance' de protesta en una rueda de prensa / EFE

Pues bien, Coyoacan Invest, que construirá y gestionará vivienda pública para Colau, es parte de un conglomerado, Mediapro, cuya matriz, Imagina, sí operó en al menos un paraíso fiscal: Panamá. Lo hizo según admisión propia de culpa en 2018 [ver plea agreement aquí] durante el proceso del pago de un soborno a altos directivos de la Concacaf, Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, a cambio de derechos televisivos de partidos clasificatorios para la Copa del Mundo. Aquel reconocimiento es parte del caso Fifagate, en el que se investiga la corrupción en el seno del gobierno del fútbol mundial. En el procedimiento judicial resultante, del que ya se ha abierto juicio oral, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, ha imputado a Gerard Romy, exconsejero delegado en Imagina-Mediapro por, presuntamente, participar en una trama criminal de compra de estos derechos [ver auto de imputación aquí]. De nuevo, la presunta estructura delictiva habría utilizado paraísos fiscales, algo que, ahora sí, deberá probar la juez.