El Ayuntamiento de Barcelona acaba de entregar un solar municipal a una empresa privada para la construcción de 47 pisos de alquiler social. Es la primera vez que recurre a la “promoción delegada”, o sea a reclamar la colaboración de compañías con ánimo de lucro para este fin.

La empresa encargada de llevar adelante el proyecto es Mediaurban, una firma tecnológica especializada en desarrollos de smart cities, sin experiencia en este tipo de actividad y que pertenece al grupo Mediapro del magnate Jaume Roures. La gestión de las viviendas una vez estén construidas correrá a cargo de la Fundación Hàbitat3, muy vinculada a la Mesa del Tercer Sector y con una amplia cartera de bloques de de residencias estas características del sector público en Cataluña.

Lucía Martín, la concejal de vivienda de Barcelona, no quiso dar el nombre de la firma que se encargará de la construcción porque prefiere permanecer en el anonimato. Algo difícil de entender, máxime cuando se trata de una promoción sobre suelo municipal y con destino a aumentar el parque público de vivienda.

Es algo semejante a lo que sucede en una promoción que en su día fue muy polémica y en la que aun siendo privada intervino el consistorio: la que se hace sobre el solar de la plaza Sagrada Familia donde antaño estuvo el cine Niza. Algunas asociaciones de vecinos quisieron adueñarse de ella y obligar al ayuntamiento a que levantara allí un ateneo popular.

Al final, el ateneo se ha hecho en la vecina calle Nàpols y ha contado con la generosa donación de un millón de euros de la constructora Cel Urbà, casualmente la que se ha encargado de subir el edificio de Sagrada Familia. El gasto total en la construcción del susodicho ateneo popular ha sido de unos cinco millones.

Pero, ojo, que Cel Urbà ha vendido el proyecto del Niza a otra promotora cuyo nombre se niega a revelar y que tampoco figura en el exterior de la obra, donde la única información que se ofrece a los vecinos es la figura de una rueda de carruaje, símbolo de los encargados de la vigilancia nocturna de las instalaciones.

Todo como muy de estar por casa, cambiando el discurso y las normas en función de la conveniencia del momento. Lucía Martín presentó el acuerdo con Roures (Expansión publicó que la promotora de la obra es Coyoacan Invest, otra firma de Mediapro) como una buena solución para desarrollar el programa de vivienda de los Comuns porque el sector público no puede abarcar todo el proceso. Justo lo contrario de lo que era el discurso de este grupo cuando no estaba en el poder, opuesto también con el de ICV y, por descontado, con el de la PAH de la que proceden una buena parte de los gobernantes municipales de Barcelona.

Ahora resulta que en materia de vivienda la capital catalana colabora con el sector privado, pero no en materia energética, capítulo en el que el ayuntamiento quiere ser autosuficiente, y no digamos ya en el agua, donde pretender nacionalizarla y tomar la gestión.

No hay quien lo entienda. Volvemos al viejo y denostado capitalismo de amigos: lo que más pesa en este tipo de contratas es la afinidad personal, la confianza, el chalaneo, no los principios ideológicos ni el interés público. Roures, el troskista multimillonario que sentó a su mesa al socio de Ada Colau, Pablo Iglesias, y a Oriol Junqueras, ha decidido entrar en el negocio de la vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona es su primer cliente. ¡Qué suerte tienen algunos!