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Jaume Roures, cofundador de Mediapro, en una comparecencia pública anterior / EFE

Colau perdonó a Roures una denuncia pese a los avisos de los asesores

La alcaldesa de Barcelona libró a Mediapro de una acción legal tras tres análisis externos por el "deterioro" de la posición municipal en un negocio con el gigante audiovisual

6 min

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se inhibió de tomar acciones legales contra Mediapro pese a que sabía desde 2015 que su negocio con una filial del grupo era una ruina por los impagos de Jaume Roures. El equipo de la primera edil encargó un informe ante el "deterioro" de la participación municipal en la sociedad mixta Mediacomplex SA en su primer año de mandato. Hubo dos dictámenes más por el mismo motivo por 45.000 euros en total. A pesar de los informes jurídicos por la pérdida de valor de la posición municipal, el Ejecuivo local jamás reclamó la creciente deuda de su socio. Fue el comprador de toda la sociedad, Hines, quien tuvo que rellenar las arcas municipales en 2018.

Han alertado de ello fuentes de la oposición al gobierno de Barcelona en Comú y PSC. Estas voces han señalado que Bimsa, la constructora del Ayuntamiento, encargó el 31 de diciembre de 2015 --primer año de mandato de Colau-- un informe con el título Valoración de la participación en la mercantil Mediacomplex SA. El contrato menor lo elaboró el abogado especializado en derecho mercantil Joaquín Bordás Montoliu. "¿Qué salió de ese informe? ¿Incluyó aquel análisis un cálculo de la morosidad de la filial de Mediapro con el Ayuntamiento?¿Por qué no vendió entonces el Ayuntamiento --tardó 3 años-- si sabía que su participación en Mediacomplex se deterioraba desde diciembre de 2015?", han planteado las fuentes consultadas.

Ayuntamiento: "Hubo tres informes por el deterioro"

Preguntado por la cuestión, un portavoz de la administración local ha explicado que la valoración fue uno de "tres informes que corresponden a los ejercicios 2014, 2015 y 2016". ¿Por qué se encargaron? "El objetivo era establecer el precio de mercado de las participaciones que Bimsa tenía en Mediacomplex por si se imponía hacer ajustes contables habida cuenta del deterioro de la participación en la sociedad", ha admitido la misma cuenta. ¿Qué salió de aquellos diagnósticos? "En todos los casos el valor del mercado era superior al de los libros. Por ello, no se tuvo que realizar ningún ajuste contable en los ejercicios citados", ha agregado.

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Sede de Mediapro en Barcelona, que gestionaba la sociedad mixta Mediacomplex / CG

La misma fuente ha precisado que las tres valoraciones costaron 15.000 euros cada una. En total, 45.000 euros. ¿Incluyeron un informe de la morosidad? "No, pues no era su objetivo. No era preciso un informe para realizar la valoración de la deuda pendiente [de Mediapro], pues se trataba de una operación que el Ayuntamiento calculaba directamente. Esta cantidad [de deuda] con todos los intereses de demora fue pagada en su integridad en el momento de su venta, sin merma alguna". La venta fue en junio de 2018 a un fondo luxemburgués filial de Hines. El vehículo de inversión compró el 100% de las acciones y pagó la deuda de 3,4 millones que tenía Mediapro con Bimsa. Tres años después del primer informe municipal encargado por lo ruinosa que era la empresa.

Favores de Colau a Roures

En efecto, una primera valoración externa de las acciones del Ayuntamiento en la empresa mixta con Mediapro se encargó el 31 de diciembre de 2015. Ello dio el valor real de la posición. Además y como deja claro el consistorio, el gobierno municipal conocía que la deuda crecía. Por si no quedara suficientemente claro, el PP de Barcelona lo recordó en varias ocasiones. Fue en vano. Ada Colau jamás denunció a Mediapro por impagar en Mediacomplex, la sociedad que gestiona la sede del grupo audiovisual. Tuvo que ser Hines, el nuevo dueño, quien resarciera al accionista minoritario. Aquel fue uno de los primeros favores de BComú a la compañía fundada por Roures y Tatxo Benet. Hubo más.

El dudoso papel de Mediapro y su filial en Mediacomplex no quitó las ganas a Barcelona en Comú de trabajar con el gigante audiovisual. A mediados de 2019, el Ayuntamiento adjudicó el 50% de su cerebro digital a otra filial del conglomerado de Roures --Mediacloud-- mediante concurso abierto. La contrata ha quedado obsoleta en un año. A finales del mismo ejercicio, la concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, anunció que el gobierno local, azote de los lobbies en otros campos, cedería suelo público a un privado para elevar pisos sociales. La beneficiada era, de nuevo, una agencia ligada a Mediapro: Mediaurban. El expediente del caso sigue oculto medio año después del anuncio. Otra de las alfombras rojas tendidas por Colau a Mediapro es el hecho de que no le ha aplicado el protocolo antiblanqueo del Ayuntamiento. ¿Por qué debería? Porque una filial de la cabecera del grupo, Imagina, admitió haber usado al menos un paraíso fiscal (Panamá) en 2018. El fiscal del distrito este de Nueva York tilda de "sistemática" esta práctica de Imagina US en el proceso del caso Fifagate, que investiga la corrupción en el seno del gobierno del fútbol mundial.