La empresa Mediapro vuelve a planear sobre el juicio del 'procés'

El nombre de Jaume Roures y su empresa Mediapro han planeado durante toda la investigación y posterior proceso judicial relativo al procés independentista que tuvo lugar en Cataluña. En su escrito final de conclusiones, la Fiscalía ha vuelto a detallar el papel que ostentó el grupo audiovisual para que el Govern pudiera promocionar en su centro International Press and Broadcasting Center (IPBC) un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, como fue el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Como explica el Ministerio Público, el centro fue creado para este fin. Se habilitó un lugar para que los periodistas internacionales pudieran hacer seguimiento de la votación, así como para que los dirigentes nacionalistas, ahora procesados por el Tribunal Supremo, pudieran “desarrollar actividades institucionales”. “Estas instalaciones funcionaron de facto como alternativa a un centro logístico de la Generalitat, de modo que en él se desarrollaron actividades institucionales propias de los locales que las instituciones públicas habilitan de forma habitual en citas electorales", describen en el informe.

Pero además de ofrecer cobertura y dar difusión a la votación, añade Fiscalía, "hasta allí se trasladaron los responsables del Govern para realizar actos de carácter propagandístico y electoral". Entre los principales, la rueda de prensa previa al referéndum en la que los consellers acusados, Turull y Romeva, y el vicepresidente Junqueras presentaron las urnas. "También allí se sucedieron las intervenciones institucionales a lo largo de la tarde del 1 de octubre”.

“Manipulación informativa”

De acuerdo con la Fiscalía, hubo una “manipulación informativa” sobre la realidad de lo que estaba sucediendo esos días, y ha recordado el informe que emitió la ONG Reporteros Sin Fronteras el 28 de septiembre de 2017, denunciando la presión que distintas autoridades de la Generalitat, especialmente a través de su responsable de comunicación internacional, estaban ejerciendo sobre los medios desplazados para cubrir el referéndum.

Entre las prácticas denunciadas constataban la emisión de informaciones sesgadas, las sugerencias de visionar determinados vídeos, o la exigencia de enfoques concretos a través de un grupo de Whatsapp de periodistas internacionales que debían publicar en sus países esas informaciones.

El IPBC facilitó que los principales diarios internacionales dieran en directo informaciones sobre el referéndum en tiempo real. Así ocurrió, entre otros, con los periódicos alemanes Bild y Der Spiegel, el italiano La Repubblica, el argentino Clarín, los franceses Le Monde y Le Figaro, la cadena de televisión británica BBC y el periódico británico The Guardian, así como con el periódico norteamericano The Washington Post y la cadena de noticias CNN. Este escrito de Fiscalía se publica poco antes de que Le Monde haya descubierto cómo los independentistas compran los medios para que éstos se acomoden al discurso nacionalista.

Cobró 10 euros diarios

La empresa Mediapro cobró diez euros diarios a los periodistas que cubrían el referéndum desde su centro. Un hecho que lamentó la Federación de Asociaciones de Periodistas de España al considerar que “no se puede cobrar por la libertad de información”.

La implicación de Roures con el procés es conocida. En un solo año vendió a TV3 tres documentales sobre la causa secesionista. En el último, titulado Causa especial 20907/2017, cuestiona la independencia del Tribunal Supremo en la causa por rebelión y sedición que instruye contra los líderes independentistas. "Hemos querido desmontar el mito de que el Tribunal Supremo es un tribunal objetivo", dijo el empresario durante la presentación.

Apareció en los atestados policiales

Previamente a ello, su nombre también apareció en los atestados de la Guardia Civil. Las más de 170 páginas de diligencias del Instituto Armado lo situaban, junto a un centenar de personas más, como una de las figuras clave para el desarrollo del plan rupturista. Concretamente le señalan como "elemento capital para la difusión del mensaje independentista". En la misma línea, la Policía Nacional registró la sede de Mediapro en busca de material comprometido para el referéndum. Finalmente el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, optó por no procesarlo para no convertir el procés en una macrocausa judicial.

A una semana del término de la fase oral del juicio del procés en el Supremo, su nombre ha vuelto aparecer en los escritos de la acusación pública.