Mediapro debe dos millones al Ayuntamiento de Barcelona por el edificio Imagina

El grupo audiovisual Mediapro debe al Ayuntamiento de Barcelona dos millones de euros correspondientes a la gestión del edificio Imagina, situado en el distrito 22@. Además, el consistorio ha enterrado más de medio millón adicional por las perdidas continuas de la empresa mixta en la que participa con el grupo de Jaume Roures.

Mediapro constituyó en 2004 --durante el último mandato de Joan Clos--, a través de su empresa Rilson XXI Inmuebles SL, una sociedad mixta con la empresa municipal 22@, que luego sería absorbida por otra empresa municipal, Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa).

El objetivo era llevar a cabo la "explotación de obras, equipamientos, oficinas e instalaciones técnicas" vinculadas a la producción audiovisual en terrenos de titularidad municipal del distrito 22@.

Esta sociedad mercantil se llamó Mediacomplex SA, que cedió a Rilson su gestión, así como la del edificio Imagina, situado en el número 177 de la Diagonal de Barcelona y que está ocupado principalmente por entidades del grupo Mediapro.

Complejo audiovisual

En concreto, el inmueble posee cinco platós audiovisuales (2.822 metros cuadrados), oficinas de producción (3.209,22 metros cuadrados), oficinas y platós ocupados por la Universitat Pompeu Fabra (5.517,60), así como un total de 15.462,56 metros cuadrados para oficinas distribuidas en 16 plantas, espacios de almacenamiento (2.375,20 metros) y espacios de aparcamiento para coches y motos.

El grupo municipal de Ciudadanos ha preguntado al ayuntamiento por el estado de la empresa. El Consistorio explica que Rilson le debe 1.989.650 euros que corresponde "al importe facturado según el objeto de contrato suscrito entre 22@ (sociedad absorbida por BIMSA), Mediacomplex (sociedad participada ahora por BIMSA) y Rilson XXI Inmuebles (el otro socio de Mediacomplex)".

Importes "deteriorados"

En ese contrato se estipula que Rilson "garantizará un rendimiento mínimo de 150.000 euros en el ejercicio social de 2009 y de 250.000 en el ejercicio de 2010 y siguientes", aplicando a partir de entonces la variación del IPC interanual. Sucede que Rilson nunca ha abonado estos importes, por lo que la deuda asciende a casi dos millones de euros, según cifras del propio consistorio --con importes "deteriorados" por prudencia contable--.

Fuentes de Mediapro han explicado a Crónica Global que "dentro de los acuerdos de gestión entre Bimsa y Mediapro se establecía un canon que Bimsa recibiría en una situación de rentabilidad de Mediacomplex". Sin embargo, "esta situación no se ha dado y el grupo Mediapro ha financiado la sociedad a través de varias aportaciones en forma de crédito hasta un total que supera los cinco millones de euros para cubrir los gastos de la sociedad, como gastos corrientes o leasing".

Las mismas fuentes aseguran que esta situación "es frecuente en operaciones de este tipo, ya que la rentabilidad de las mismas se contempla a largo plazo y no ejercicio a ejercicio". Insisten en que "en cuanto la sociedad alcance su nivel de rentabilidad, se compensará el canon establecido con las aportaciones efectuadas por el grupo Mediapro".

En pérdidas desde su creación

Estas mismas fuentes señalan que el "umbral de rentabilidad" en este tipo de operaciones puede situarse hasta 10, 15 o incluso 20 años. Desde su creación en 2004, Mediacomplex sólo ha registrado beneficios en dos ejercicios, y en el último año con datos, 2014, anotó sus mayores pérdidas desde que fue creada. En ese ejercicio, el consistorio perdió 347.000 euros por su participación minoritaria en la empresa.

Desde su nacimiento, el ayuntamiento ha sumado 600.000 euros en pérdidas en la empresa, según especifican los sucesivos informes anuales del propio consistorio --con la excepción del de 2009, sin datos sobre Mediacomplex--. Estas cifras negativas contrastan con los balances de la empresa 'madre' municipal, Bimsa, que en el mismo periodo ha acumulado unos beneficios totales de 842.000 euros, con solo un año de pérdidas.

El concejal de Ciudadanos Santiago Alonso ha asegurado que "es inadmisible que el ayuntamiento embargue a los ciudadanos por una deuda y mire hacia otro lado con las empresas". Alonso ha instado al equipo de gobierno a "reclamar lo que le deben" por participar en este proyecto.