La Audiencia Nacional, que investiga la estafa de QRenta / EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional, que investiga la estafa de QRenta / EUROPA PRESS

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La Audiencia Nacional se da otros seis meses para investigar la estafa de QRenta

La Fiscalía afirma que la agencia de valores manipuló el perfil de riesgo de los inversores con los que trabajaba para desviarlos a operaciones más lucrativas para la compañía de Jordi Martí Taulé y David Albacete Sánchez

23 enero, 2024 00:00

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, el magistrado Joaquín Elías Gadea Francés, ha prolongado otro medio año la investigación de la estafa de QRenta. Responde de forma afirmativa a la petición de la Fiscalía para poder determinar, básicamente, el número de afectados exacto y la cantidad defraudada a cada uno de ellos por parte de los responsables de la agencia de valores radicada en Barcelona.

El Ministerio Público da por probada que la compañía gestionada por Jordi Martí Taulé y David Albacete Sánchez “habrían modificado el perfil de inversores de los querellantes” de forma unilateral con el fin de “destinar el capital que se les había entregado para su gestión a la inversión de fondos en renta variable y SICAVs, así como a la adquisición de participaciones de empresas que cotizaban en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que no se ajustaban al perfil de riesgo de los clientes”, tal y como indica el escrito al que ha tenido acceso Crónica Global.

Inversiones de alto riesgo para impulsar empresas

Señala que todas las operaciones que se ejecutaron desde QRenta eran “inversiones de alto riesgo, siendo beneficiarias en todos los casos las mismas empresas”. En las querellas presentadas se repiten nombres como Inkemia Group, Eurona Wireless Telecom o Home Meal Replacement (la hólding de la cadena de comida Nostrum), entre otras. Firmas que cotizaban en el MAB y en las que el grupo de Martí Taulé y Albacete tenían intereses.

Edificio de la Bolsa de Barcelona, sede del MAB

Edificio de la Bolsa de Barcelona, sede del MAB Cedida

La firma de inversión se había encargado de gestionar la salida a bolsa y varios de sus miembros tenían sillas en los órganos de administración. De hecho, Fiscalía afirma que existe un “informe pericial” en el que “aparecen indicios de que se hubiera llevado a cabo una manipulación operativa de mercado con las acciones de las sociedades cotizadas en el MAB”.

Cómo se manipuló el MAB

Para proceder a la estafa, los gestores de QRenta usaban sociedades de inversión que también se repiten en los centenares de querellas que han llegado a la Audiencia Nacional. Firmas como K2 2006 Sicav, Sigma Activa Sicav o Annapurna FI, entre otras.

Cabe recordar que la primera denuncia penal del caso la impuso la letrada María Jesús Hernández. Esta acción judicial implicó la acumulación de querellas en el Juzgado de Instrucción Central número 6, que determinó que se trata de una causa compleja con visos de estafa piramidal que perjudicó a un gran número de pequeños ahorradores.

158 perjudicados, la inmensa mayoría en Cataluña

Por ahora, se han acumulado diligencias de un total de 158 perjudicados con domicilios en Barcelona, Tarragona, Girona, Madrid, Huelva e Ibiza.

La sede de Qrenta, fundada por Jordi Martí y situada en la avenida Diagonal de Barcelona / CG

La sede de Qrenta, fundada por Jordi Martí y situada en la avenida Diagonal de Barcelona / CG

Los damnificados en el caso QRenta comparten perfil. El propio Ministerio Público los describe en su escrito de petición para prolongar la instrucción: “Carecían de los conocimientos técnicos sobre finanzas e inversiones, por lo que su perfil sería moderado y la finalidad de la inversión efectuada sería esencialmente la conservación de patrimonio mediante instrumentos de renta fija”.

Todos los encausados

Pero Jordi Martí Taulé, David Albacete Sánchez, Helena López Collado, Juan Alberto Vidal Hausmann, Enric Arcos Fernández, Jaime Miquel Martín, Joaquín Valenzuela Pulido, Guillem Junyent Argimon y Soraya Padillo Ramiro habrían participado de forma activa en una trama en la que se alteraba su perfil, haciendo oídos sordos a la petición de ejecutar inversiones tranquilas y conservadoras, para ejecutar las operaciones que más beneficiaban a la agencia de valores.

O, como se piensa que ocurrió en la etapa final de su operativa, para tapar los agujeros que había provocado y retrasar el colapso de la compañía. Todos ellos están acusados junto a QRenta, que colapsó cuando salieron a la luz las primeras denuncias, y la entidad Partisu XXI Group, que también concursó en 2022.

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo EFE Madrid

Están acusados de delitos de estafa, administración desleal, alteración de precios y corrupción entre particulares. Algunos de ellos aún deben declarar en la Audiencia Nacional para explicar qué ocurría en QRenta. Ahora, la justicia tiene seis meses más para esclarecer esta estafa que afectó a un gran número de pequeños ahorradores del país.