Fomento prepara el segundo intento de reformar la estiba

La reforma de la estiba es “muy urgente”. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo ha repetido en incontables ocasiones. Ahora, el Gobierno asegura que ha recibido una nueva carta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la que se desprende que puede haber una segunda sentencia de forma inminente. El Ejecutivo ya trabaja en un segundo intento tras el histórico rechazo del Congreso a su primer real decreto ley.

La promesa es ceder ante la última petición de los sindicatos: garantizar por ley que el 100% de los estibadores actuales podrán mantener su trabajo una vez se haya modificado el funcionamiento del sector. El Gobierno ha aceptado, aunque la inquietud de los empleados es ver cómo van a cumplir con su palabra.

El real decreto del real decreto

De la Serna habló sobre el conflicto en la estiba española en su visita a Barcelona, este jueves, 5 de abril. Transmitió urgencia y no descartó la posibilidad de que el Consejo de Ministros de este viernes presente un real decreto por segunda vez. El objetivo, dijo, es aprobar la ley y trabajar en otro real decreto en paralelo, que pendería del que reforma el sector en general y termina con los privilegios del colectivo.

Este nuevo reglamento incluiría todas las propuestas que hizo el mediador, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), a las tres partes –la patronal Anesco, los sindicatos con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) al frente, y el Ministerio de Fomento. Una de ellas es el mantenimiento del 100% del empleo.

La multa aumenta

De esta forma, en el real decreto ley de reforma de la estiba figuraría “de forma expresa un real decreto que contemple aprobar la propuesta del mediador”. La urgencia, insistió el jueves De la Serna, es “absoluta”. Según datos del Gobierno, la multa que tiene que pagar el Estado a Europa tras la sentencia de 2014 asciende a 23 millones de euros.

De haber una segunda sentencia que condene el monopolio que existe en el sector a través de las Sagep (las sociedades anónimas de gestión de empleados portuarios), el precio de la sanción sería de 134.000 euros diarios. Fuentes sindicales creen que la subrogación es lo que impide avanzar, aunque una vez se llegue a un acuerdo en este asunto, no habrán terminado las negociaciones.

“Habrá que ver cómo se regulan los centros de empleo portuario, si funcionarán como empresas de trabajo temporal”, indican las mismas fuentes. Esta es la figura elegida para sustituir las Sagep, a través de las cuales se gestionará la contratación de los estibadores.

La UE no se pronuncia

Mientras el conflicto no se resuelve, la Coordinadora continúa con su búsqueda de apoyos en Europa. Representantes de los sindicatos se reunieron el jueves con técnicos de la comisión de Transportes de la Comisión Europea en Bruselas. La comisaria Violeta Bulc no dio la respuesta esperada y evitó posicionarse antes de leer el texto que propondrá Fomento.

“Tienen dudas técnicas y jurídicas sobre cómo compatibilizar la subrogación por ley con la legislación europea, pero de ninguna manera dijeron que fuera imposible”, aseguran los estibadores. El plazo que se ha puesto De la Serna para poner fin al asunto es después de Semana Santa.