Cataluña busca una resolución extrajudicial a los conflictos laborales en el sector público

Patronales, sindicatos y representantes de la Administración catalana se han sentado a negociar cómo se abordan los conflictos laborales enrocados del sector público.

No existe un organismo preparado para mediar en estos casos de forma extrajudicial y se pretende articular la estructura necesaria con gente preparada para dirigir el diálogo entre la Administración y los comités de empresa.

Se ha empezado a trabajar en este sentido en el consejo de relaciones laborales de Cataluña. Tanto los portavoces de los empresarios como los representantes de los trabajadores se muestran abiertos a alcanzar un acuerdo. Generalitat, Diputación de Barcelona, corporaciones locales como el Ayuntamiento de Barcelona y miembros de las principales universidades catalanas participan en el debate.

Más atribuciones al Tribunal Laboral

Se han celebrado tres reuniones con esta temática hasta la fecha y se empiezan a perfilar soluciones. La propuesta inicial es facultar al Tribunal Laboral de Cataluña (TLC) para que entre en la función pública.

El organismo ya está en marcha y ha cosechado éxitos en la resolución de conflictos en casi todos los sectores de la actividad privada. Incluso cuenta con una experiencia previa en la que los agentes sociales y la Generalitat le añadieron atribuciones. En 2009, en pleno envite de la crisis, se creó en el seno de la institución laboral un tribunal específico con mediadores especializados para resolver los conflictos entre autónomos económicamente dependientes (TRADE) y sus empresas cliente.

Fuentes sindicales hacen referencia a los problemas administrativos que conllevaría la capacitación del TLC. Se muestran partidarias de habilitar una nueva estructura, aunque reconocen que la solución ideal se encontrará a medida que avance el debate.

Conflicto del Metro

Los implicados en el proyecto se refieren todos ellos a un conflicto laboral específico para ejemplificar la utilidad del futuro mecanismo: el del Metro de Barcelona. Aseguran que con una estructura desarrollada para resolver de forma extrajudicial las disputas en la función pública se habría evitado el corolario de huelgas convocadas en el suburbano y se habría avanzado en renovar el convenio colectivo.

Para ello, es básico establecer quién está facultado para solicitar la mediación profesional externa. Si es suficiente con una de las dos partes del conflicto o incluso podría activarse si no existe la unanimidad del comité de empresa como ocurre en el metro de la capital catalana. Se apuesta por facilitar al máximo la actuación del mediador para evitar que los conflictos se eternicen.