Fomento acepta la propuesta del mediador del conflicto de la estiba

Un paso más en el conflicto de la estiba sobre la regulación laboral del sector. El Ministerio de Fomento ha aceptado la propuesta que le ha hecho llegar el mediador y ha mostrado su disposición a elaborar un reglamento que recoja su contenido.

Fomento señala que la solución propuesta por el mediador, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), responde a elementos esenciales como el mantenimiento del 100% del empleo, la mejora de la productividad y un sistema de ayudas para la transición del modelo.

Hasta el martes, 4 de abril

Peña ha propuesto elaborar una “normativa transitoria” que garantice la continuidad en el empleo y combinar la norma estatal con la negociación colectiva del sector. El mediador da de plazo a las partes hasta la una de la tarde del próximo martes, 4 de abril, para comunicar si aceptan su propuesta, que les entregó en mano, en un sobre cerrado a las siete de la tarde de este jueves.

Por otro lado, Fomento explica que el acuerdo al que llegaron ayer las empresas y los sindicatos tendría un coste de 2.415 millones de euros para el Estado, ya que debería asumir la diferencia salarial entre los trabajadores nuevos y los subrogados y las jubilaciones anticipadas necesarias hasta lograr la reducción de plantillas deseada.

Inasumible para las arcas del Estado

Según explica el departamento que dirige Íñigo de la Serna, esta cifra es “inasumible para el erario público”, supondría una “enorme discriminación” frente al resto de trabajadores y está muy alejada de los 120 millones de euros del plan de ayudas inicial que planteó el Gobierno.

El ministerio insiste en que la Comisión Europea no permite la subrogación por ley de los trabajadores.

Las multas de la UE

El importe de las ayudas es superior al monto de la multa que el Tribunal de Justicia de la UE puede poner a España por incumplir la normativa comunitaria de libertad de empresa con el sector de la estiba

Se trata de una sanción diaria que actualmente acumula unos 25 millones de euros desde que en 2014 dictó la primera sanción, a la que se puede sumar una segunda por incumplimiento de la segunda, de 134.000 euros diarios más.