Policías amnistiados, indepes indignados
Un juzgado de Barcelona aplica la amnistía a los policías nacionales investigados por el 1-O. El PSOE confía en el Constitucional para aplicar la norma y doblegar al Supremo. Comín, sin escaño
3 julio, 2024 08:12Noticias relacionadas
Cunde en el seno del independentismo la impresión de que con la ley de la amnistía se ha hecho un pan como unas tortas. Resultan difíciles de digerir para las entidades y los partidos las primeras consecuencias de la norma. Ayer mismo trascendió que el titular del juzgado de instrucción número 7 daba carpetazo a la investigación sobre la actuación policial en Barcelona el día 1 de octubre de 2017 y amnistiaba a 46 agentes de la Policía Nacional. Esa resolución 24 horas después de la del Tribunal Supremo sobre la malversación ha soliviantado a una parte de los independentistas y ha dejado estupefacta a la otra. Parece ser que la técnica legislativa de los amanuenses jurídicos de Junts no es tan excelsa, brillante y perfecta como va diciendo por ahí Gonzalo Boye.
El impacto de la amnistía a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tiene a las juristas de Irídia en estado de choque, igual que a los abogados de la ANC y Òmnium. Efectos indeseados del borrado penal. La ley se compara con la del "sí es sí" por la que se colaron hacia la calle unos cuantos violadores y pederastas. A los defensores de la amnistía a poco les explota la cabeza ayer cuando los medios difundieron la resolución de un juez, el del 7 de Barcelona, al que hasta ahora jaleaban porque había procesado a los agentes y los tenía a la espera de juicio.
El PSOE pide calma. En España cada día tiene su afán y cada día parece el fin del mundo. Cuando no lo es para la derecha lo es para la izquierda y viceversa. Moncloa considera que no hace falta retocar la ley y que el Tribunal Constitucional resolverá la cuestión a favor del espíritu del legislador. Es la tesis de la portada de La Vanguardia. "La batalla por la amnistía llega a un Constitucional bajo control progresista". Así, sin rodeos. Como en el caso de los ERE de Andalucía. Lo que condena el Supremo lo indulta el Constitucional. El texto es de Carlota Guindal: "Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sabían que tarde o temprano todo el foco estaría puesto de nuevo en ellos. El órgano, que ahora cuenta con mayoría progresista de siete a cinco, está ya de nuevo en el punto de mira. Desde el PP se está poniendo en duda su imparcialidad cuando ni siquiera han llegado todavía los recursos sobre la ley de Amnistía, lo que denota el tono con el que se va a llevar el debate dentro y fuera del órgano. El Tribunal Supremo (TS) anunció el lunes en una resolución que va a plantear una duda de inconstitucionalidad sobre la ley, pero únicamente en lo que se refiere al delito de desobediencia. Esto significa que el TC solo tendrá que dar respuesta al Alto Tribunal sobre esta parte de la norma. El Supremo no lo ha querido hacer con el otro delito analizado, el de malversación de caudales públicos, porque la sala ha decidido excluir la condena a los líderes del procés de la amnistía, con lo cual, para el TS no hay duda que valga. El efecto principal es que se mantiene a los ya condenados y aún acusados la inhabilitación, y, por tanto, no pueden volver a la política activa".
Sigue Guindal: "Aunque el Supremo haya acotado mucho qué debe resolver el TC, una vez que lo estudie, el órgano de garantías aprovechará para debatir un asunto nunca antes visto desde que se aprobó la Constitución en 1978. El debate principal va a ser si una amnistía puede ser aprobada por el poder legislativo, y por tanto se trata de una figura contemplada por la Carta Magna, o si de lo contrario la amnistía fue expresamente suprimida de la Constitución una vez finalizada la dictadura y hecha una amnistía en 1977".
Y: "En el auto por el que duda de la constitucionalidad de la ley, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, ya da sus propios argumentos. Para empezar, los magistrados creen que el legislador no ha tenido en cuenta la voluntad de los padres de la Constitución en los debates parlamentarios de 1978 que decidieron no incluir la amnistía como medida de gracia. Concretamente, recuerda que durante el debate parlamentario sobre el texto constitucional se rechazaron expresamente dos enmiendas destinadas a abrir esa posibilidad “dejando así clara la voluntad del constituyente de cerrar el paso a esta institución”".
Prueba del estupor causado por la decisión de amnistiar a los policías es este titular de El Nacional. "La mayoría de beneficiarios de la ley de amnistía ya son los policías españoles que el 1-O cargaron". En el sumario de esa información, el minuto y resultado de la amnistía: "Los 46 agentes amnistiados superan a los 27 independentistas que figuran en el balance sobre la aplicación de la norma". Escribe Joan Antoni Guerrero Vall: "El balance de la ley de amnistía, después de su entrada en vigor, sigue aumentando. Este martes el recuento de la ley ya ha llegado a las 73 personas beneficiadas del perdón, la gran mayoría policías españoles que el 1-O participaron en las acciones represivas para detener el referéndum. Mientras que hasta ahora solo 27 independentistas han sido amnistiados, la justicia ya ha aplicado el perdón a los 46 agentes que intervinieron en los colegios electorales para detener la votación para decidir si Catalunya se convertía en un nuevo estado, separado de España".
Líneas después se aduce que "la aplicación de la amnistía a los policías no ha sido bien recibida por organizaciones como Irídia, Òmnium Cultural e incluso Amnistía Internacional. Todas ellas han expresado su desacuerdo porque la justicia haya entendido que sí que se les podía aplicar el perdón. El juez Francisco Miralles, en cambio, ha considerado que sí porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y se enmarcaron "en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la misma maniobra policial de entrada y salida de los diferentes colegios electorales". El instructor del caso también ha determinado que los hechos investigados no fueron lo bastante graves para excluirlos de la amnistía".
En Vilaweb se explica que "La deixadesa independentista va fer possible l’amnistia dels policies de l’1-O". La tesis de esta información es que ERC introdujo una enmienda para corregir la ley y que no se aplicara a los policías pero que no fue atendida. El texto es de Josep Casulleras Nualart: "El debat sobre aquesta qüestió es va neutralitzar de seguida. L’estiu de l’any passat, quan es va començar a parlar de la possibilitat d’una amnistia, el fet que algun jurista considerés la possibilitat d’amnistiar els policies responsables de la brutalitat de l’1-O fou rebut amb esglai i incredulitat no tan sols per part de les víctimes d’aquella violència sinó també per companys de gremi. El primer de parlar-ne obertament fou José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Tribunal Suprem espanyol, en una entrevista a VilaWeb: “L’amnistia també ha de ser per als membres de les forces i cossos de seguretat de l’estat”. Dies més tard, en aquest mateix diari, li responia l’advocat Benet Salellas: “Això és una bestiesa monumental (…). Validar una amnistia als policies de l’1-O significa fer-la contrària al dret internacional.”".
Sigue la pieza: "Però l’agost va passar, i el setembre es van intensificar les negociacions per a tenir un primer text de la proposició de llei d’amnistia aquella mateixa tardor, mentre avançaven simultàniament les converses sobre la possible investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. La negociació entre Junts i el PSOE i entre ERC i el PSOE va transcórrer enmig d’un gran secretisme i, mentrestant, en el debat públic s’imposava el fet inevitable que la llei hagués d’amnistiar també els policies, amb l’argument que una amnistia no podia ser només d’una part, sinó que havia de tenir un caràcter bidireccional, és a dir, que beneficiés les dues parts del conflicte. Però Salellas feia avinent que el “caràcter bidireccional” de l’amnistia hauria de voler dir que es pogués amnistiar, també, espanyolistes que haguessin estat sancionats d’alguna manera. La qüestió és que, d’aquests, pràcticament no n’hi ha. “Una altra cosa molt diferent són els delictes comesos per funcionaris públics contra béns individuals com la integritat moral i la integritat física, és a dir, actes que poden ser considerats de tortura, especialment les càrregues policíaques del Primer d’Octubre (…). Per una banda, l’article primer declarava amnistiades “les accions realitzades en el curs d’actuacions policíaques adreçades a dificultar o a impedir la realització dels actes de responsabilitat penal o administrativa”; i, per una altra, l’article segon deia que restaven fora de l’amnistia els casos de tracte inhumà o degradant amb aquest afegit: “sempre que superin un llindar mínim de gravetat”. ERC va arribar a presentar una esmena a la Comissió de Justícia del congrés espanyol que suprimís aquesta frase. Però l’esmena no va ser acceptada pel PSOE i no fou incorporada en el dictamen aprovat en comissió i remès al plenari. I ni ERC ni Junts no van fer-ne cap prioritat en la negociació posterior; per més que negociessin la manera de millorar-ne el redactat, no en van fer casus belli ni ho van marcar com una línia roja. L’esmena es va perdre, i tothom la va oblidar".
Y hete aquí que los autores del mayor "atoninyament" de la historia quedan libres de polvo y paja gracias al independentismo.
Más noticias. "Puigdemont ofrece a ERC un 'retorno unitario' de los fugados para escenificar el desafío a los jueces", señala El Mundo. La pieza es de Víctor Mondelo y arranca así: La oferta de Carles Puigdemont para convencer a ERC de que no invista a Salvador Illa pasa por atraer a los republicanos a la idea de que es necesario «rehacer la unidad independentista», después de perder la mayoría en las elecciones del 12-M. Con ese argumento consiguió el líder de Junts fraguar el acuerdo con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permitió al secesionismo tomar el control de la Mesa del Parlament y a los neoconvergentes hacerse con la presidencia de la Cámara. Y, con ese mismo razonamiento, trata ahora Puigdemont de que los republicanos apoyen su investidura en lugar de la del líder del PSC, aun a sabiendas de que los socialistas no se abstendrán para permitir que conquiste la presidencia de la Generalitat, abocando a la vuelta a las urnas".
Continúa la nota: "La oferta incluye la posibilidad de acudir a la repetición electoral del 13 de octubre en una lista conjunta en la que ERC tendría reservados los puestos de partida tras Puigdemont o, en su defecto, con un acuerdo programático que los republicanos y Junts consensuarían para tratar de reactivar el voto secesionista aun acudiendo en candidaturas separadas. Pero el ofrecimiento incluye, además -según ha confirmado a El Mundo fuentes independentistas conocedoras de la operación-, un «regreso unitario» de todos los fugados afincados en el extranjero. Es decir, Puigdemont está dispuesto a compartir su esperada vuelta a Cataluña tras la aplicación de la Ley de Amnistía con Marta Rovira y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, ambos huidos en Suiza, además de con el parlamentario de Junts y ex consejero del Govern, Lluís Puig y de su eurodiputado electo Toni Comín. (...) Claro que el plan cuenta con dificultades. La principal es que Rovira y Wagensberg no están dispuestos a regresar hasta que se aclare si la Ley de Amnistía entierra su imputación por la causa de Tsunami Democràtic. La orden de detención por un delito desobediencia que pesaba sobre la secretaria general de ERC por el 1-O decayó tras decidirlo así anteayer el Tribunal Supremo, pero Rovira teme que su investigación por terrorismo siga adelante".
A todas estas en Madrid siguen expectantes las noticias procedentes del principado y se hacen unas películas tan sustantivas como interesantes. "Génova sospecha que a Sánchez le conviene ahora un Govern Junts-ERC 'y ya buscará una embajada para Illa'", titula El Independiente. Singular tesis. La historia viene con la firma de Cristina de la Hoz: "Sin descartar desde hace tiempo una repetición electoral catalana el 13 de octubre próximo, comienza a afianzarse el convencimiento de que al jefe del Ejecutivo le interesaría el triunfo de una hipotética lista conjunta Junts-ERC. ¿La razón? Volver al status quo previo al 12 de mayo, con un gobierno independentista en Cataluña y el PSC de apoyo exterior en caso de no alcanzar éstos la mayoría absoluta. Así "le garantizaría a Sánchez cierta tranquilidad en Madrid con sus socios de Junts y de ERC", los mismos que ahora se miran de reojo ante un Carles Puigdemont que insiste en ser investido president en una pugna que amenaza con desestabilizar al Gobierno. En el PP no son pocas las veces que han insistido en que Sánchez acabará "dejando tirado a Illa" si con ello se garantiza su propia continuidad en Moncloa. Lo cierto es que Illa, además de estar consolidado internamente, tiene el margen de maniobra que le da su pertenencia al PSC, partido que se conduce con cierta autonomía. Pero de él no depende ser investido, sino de Madrid desde el momento en que ERC ha condicionado su apoyo a un modelo financiero de cupo, similar al vasco, y cuya concesión depende del Ejecutivo central".
Sigue el texto: "La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propone a cambio la llamada "financiación singular", que firmaron en el pacto de investidura de Sánchez, aunque se desconoce en qué consiste y cuál es su alcance. Todo ello mientras Puigdemont ve como se aleja la posibilidad de ser amnistiado de los delitos que cometió en torno al desafío independentista de 2017, su supuesta implicación 'intelectual' en los actos violentos de 2019 y sin tener apoyos suficientes para ser investido, él, o alguien de su partido, presidente de la Generalitat, no al menos con la actual composición del Parlament. En definitiva, pocos motivos para seguir apuntalando al inquilino de la Moncloa salvo que, en caso de nuevas elecciones, se vuelvan a repartir las cartas y una hipotética coalición electoral secesionista se imponga al socialista Illa. En ese escenario, el independentismo "no comprometería el futuro de Sánchez en el Gobierno de la nación", y éste podría, además, sacar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 "en el mes de febrero próximo", salvando el impasse que crearía la repetición electoral catalana y la conformación del nuevo ejecutivo autonómico. En ese caso, queda en el aire el futuro de Illa. Fuentes del PP catalán ironizan con que el ex ministro de Sanidad podría acabar "en alguna embajada que le busque Sánchez", dando por hecho que encontraría alguna salida airosa para él. A fin de cuentas, recuerdan, a su antecesor en el liderazgo del PSC, Miquel Iceta, le nombró, tras sacarle del Gobierno, embajador permanente de España en la Unesco".
En el frente europeo tampoco hay buenas noticias para el independentismo. "El Parlamento Europeo deja por ahora a Toni Comín sin escaño", consigna El Diario. Escribe Irene Castro: "El Parlamento Europeo dejará vacante el escaño del eurodiputado de Junts Toni Comín hasta que haya una nueva sentencia de la justicia europea que resuelva de forma definitiva la pugna sobre las obligaciones que tienen los parlamentarios electos a la hora de tomar posesión de su acta. A juicio de la Junta Electoral Central, acatar la Constitución es un requisito imprescindible. Sin embargo, una sentencia de 2019 relativa al caso de Oriol Junqueras, que no pudo hacerlo por estar en prisión, estableció que los eurodiputados gozan de sus prerrogativas desde que son elegidos. En base a esa sentencia, la Eurocámara interpreta ahora que Comín puede viajar a España gozando de inmunidad, es decir, sin ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés para hacer los trámites administrativos ante la Junta Electoral Central. Sin embargo, la jugada es muy arriesgada y ni Carles Puigdemont ni Comín han viajado a España desde que son eurodiputados precisamente por la posibilidad de ser detenidos, a pesar de su inmunidad, bajo la premisa de que la orden de detención no tiene que ver con hechos relativos a su actividad parlamentaria".
3 de julio, santoral: Tomás apóstol, Anatolio de Constantinopla, Anatolio de Laodicea, Dato de Rávena, Felipe Phan Van Minh, Gelduino abad, Heliodoro de Altino, Ireneo de Chiusi, José Nguyen Dinh Uyên, León II papa, Marcos de Mesia, Memnón de Bizia, Muciano de Mesia, Mustiola de Chiusi y Raimundo Gayrard.