El follón total de la amnistía y suicidios por desahucio

Verano caliente con la amnistía. El Tribunal Supremo acaba de tumbar que se pueda borrar la malversación, lo que coloca a Puigdemont (y otros) en el disparadero. Ahora mismo podría ser detenido si regresa a España. El follón es de dimensiones colosales, pero nada imposible de digerir en un país que ha transitado de los indultos a la amnistía reforma del Código Penal mediante. Se agudizan las sospechas sobre la "técnica legislativa" de los impulsores de la amnistía. El precedente es la chapuza con la reforma del delito de malversación. La "escuela" jurídica de Gonzalo Boye y Jaume Asens queda en entredicho mientras Puigdemont se prepara para una nueva batalla legal. Es el síndrome de Sísifo.

Y si las cosas de palacio van despacio, las de la justicia aún se demoran más. "El Supremo anticipa una larga guerra jurídica contra la amnistía tanto en España como ante la UE", titula al hilo El Español. En el sumario se añade que "Además de considerar que la ley no permite amnistiar la malversación del 'procés', la Sala Penal y el juez Llarena adelantan que plantearán una cuestión de inconstitucionalidad sobre la desobediencia. Y luego queda el TJUE". Ahí es nada el Everest de la amnistía. El texto es de María Peral y arranca así: "La decisión del magistrado instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, y de la Sala Penal del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación de fondos públicos puede considerarse el comienzo de una larga batalla jurídica en los tribunales españoles y también en los tribunales europeos. Si Carles Puigdemont, el expresidente catalán prófugo de la Justicia, pensaba que los perentorios plazos y los términos taxativos con los que sus asesores y el Gobierno de Pedro Sánchez redactaron la ley de amnistía le permitirían volver, victorioso, a España dos meses después de entrar en vigor la norma, las decisiones ya tomadas por el Alto Tribunal y lo que sus resoluciones permiten anticipar alejan por ahora ese escenario. Y todo ello mientras corre el reloj de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña tras las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo".

Sigue Peral: "Puigdemont, que pronto perderá, además, la inmunidad que le ha protegido como eurodiputado, puede volver a España en cualquier momento. Pero, si lo hace ahora, será detenido con toda seguridad y, con una alta probabilidad, ingresado en prisión. Tras la decisión de Llarena de ayer, el expresidente catalán sigue procesado por un delito de malversación que puede ser castigado con hasta 12 años de cárcel y tiene en su contra estar huido de la Justicia desde hace casi siete años".

Y: "Todo aboca a que será el Tribunal Constitucional el que, a través de recursos de amparo -de Puigdemont o de otros encausados como Oriol Junqueras o Jordi Turull, que con la decisión del Supremo tendrán que seguir cumpliendo sus penas de inhabilitación- el que examine si la inaplicación de la amnistía a la malversación vulnera o no derechos fundamentales. Pero, incluso si el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido ampara a los implicados en el 'procés', el archivo definitivo de la causa seguirá correspondiendo a la Sala Penal del Tribunal Supremo, que, despejada la aplicabilidad de la norma por el TC, aún tendría que plantearse su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea".

En El Confidencial muestran la vía del Constitucional, una escalada compleja y llena de dificultades técnicas, pero aliviada por la mayoría llamada progresista en el seno del TC. Del texto de Pablo Gabilondo: "El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó este lunes levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont. Tras más de seis meses de negociaciones y tres redacciones distintas, la ley de amnistía que pactó con el Gobierno no ha logrado garantizar su regreso inmediato a Cataluña, pero el expresident ya tiene la mirada puesta en la siguiente casilla: la batalla que se librará en el Tribunal Constitucional. El primer paso que Puigdemont dará ahora consistirá en recurrir el auto de Llarena ante el propio Supremo. "Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reforma, y subsidiario de apelación, en el plazo de tres días", explicó el magistrado en su resolución. El recurso de reforma implicaría dejar el análisis de sus argumentos en manos de Llarena, pero el escenario cambia con el de apelación. En ese caso, su escrito sería revisado por una sala compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo. Esta última instruye a su vez la causa del Supremo sobre Tsunami Democràtic, en la que investiga a Puigdemont por delitos de terrorismo y en la que aún no se ha pronunciado sobre la posible aplicación de la amnistía".

Continúa Gabilondo: "Todo apunta a que este posible recurso de apelación tampoco será atendido por los tres magistrados: a Polo se le ubica en la órbita progresista, pero los otros dos son considerados conservadores. A esto se suma que la Sala de lo Penal del tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, también siguió la misma línea que Llarena este lunes y negó que la malversación del procés sea amnistiable. Si los tres magistrados mantienen este criterio y rechazan el recurso de Puigdemont, su defensa ya tendrá vía libre para recurrir al Constitucional. Con un pleno formado por siete progresistas frente a cinco conservadores, en principio goza de más posibilidades, aunque ese reparto de fuerzas puede variar. Como ha ido informando este diario, el Constitucional va a ser el escenario de una guerra de recusaciones, con intentos de unos y otros por apartar a determinados magistrados. De los siete progresistas, dos se enfrentarán sin duda a solicitudes de abstención: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y bruñidor de los indultos a los políticos independentistas, y Cándido Conde-Pumpido, el presidente. Tampoco los cinco conservadores quedarán libres de reclamaciones de recusación. De hecho, el expresident ya lo intentó con dos ellos desde su nombramiento: Enrique Arnaldo y Concepción Espejel".

El follón es espectacular y puede alterar los delicados equilibrios de la macrobiota política catalana y, por ende, española. "El fiasco de la amnistía a Puigdemont pone cuesta arriba la investidura de Illa y el plan de Sánchez para agotar la legislatura", señala El Mundo. El texto es de Esteban Urreiztieta y Víctor Mondelo: "Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se reunieron el domingo en Waterloo, en el primer encuentro privado que ambos dirigentes mantienen desde 2017. En 2021, el entonces presidente de ERC y el resto de indultados fueron recibidos por el ex presidente de la Generalitat tras lograr el perdón del Gobierno de Pedro Sánchez, pero Puigdemont y Junqueras no departieron a solas. Según el entorno de Puigdemont, el objetivo de la reunión fue el de limar asperezas después de estos siete años de distanciamiento. Tras el encuentro, en el que no entraron a fondo en cuestiones políticas al considerar que no era el momento, ambos compartieron mantel en un restaurante y Junqueras regresó ayer a Barcelona".

Sigue el texto: "El presidente dimisionario de los republicanos reclamó públicamente a Puigdemont hace dos semanas acabar con esta situación tras conocerse que el huido se había reunido con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Ginebra para cerrar el pacto que otorgó a Junts la presidencia del Parlament. Y Puigdemont ha accedido, por interés. Con este encuentro, el neoconvergente busca cortejar al sector de ERC más alejado de Rovira, y por tanto más reacio a sellar un pacto con Junts para intentar la investidura de Puigdemont, así como a acudir a una eventual repetición electoral con algún tipo de acuerdo programático o incluso en una lista conjunta, escenario que Junts anhela y con el que sigue presionando a los republicanos. Este movimiento se produjo en la víspera de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de declarar no amnistiable el delito de malversación del que se acusa al líder de Junts y de mantener activa la orden de detención que le amenaza si decide pisar suelo español".

Y: "Llarena pone en riesgo el plan de Sánchez para agotar la legislatura, que pasaba por asegurar la amnistía de todos sus aliados, pero, por el momento, Puigdemont se mantiene firme en el particular duelo que libra con el juez. El ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica conserva su intención de regresar a Cataluña cuando se celebre el primer pleno de investidura en el Parlament. «No dejaremos que ningún juez interfiera en nuestros compromisos ni nuestro calendario político, que seguirán exactamente igual», manifestó ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull. De cumplir su palabra, Puigdemont podría regresar a Cataluña antes del próximo 26 de agosto, fecha en la que expira el plazo legal para que un candidato a la presidencia de la Generalitat sea investido antes de que se convoquen automáticamente unas nuevas elecciones, que tendrían lugar el 13 de octubre".

Mientras pasaban todas estas cosas en una mañana, la de ayer, de convulsiones y conmociones, el diario Ara solazaba a sus lectores de la versión digital con la extraordinaria historia de los carteles contra los hermanos Maragall con la leyenda "Fora l'Alzheimer de Barcelona". Se acordarán. Ocurrió el 8 de marzo de 2023, en la precampaña de las municipales en las que Ernest Maragall se presentaba como candidato de ERC. Pues resulta que esos carteles fueron una ocurrencia surgida de las entrañas del propio partido, una campaña de falsa bandera que por cefas o por nefas acabó en archivo judicial. El Ara apunta a Sergi Sabrià como posible "cerebro" (por decir algo) de semejante estropicio. El partido, perfectamente descabezado, se divide entre los que miran para otro lado y los que dicen que no sabían nada. Un escándalo que debería tener consecuencias, pero que el partido barrió debajo de la alfombra con el consentimiento de Maragall, que accedió a retirar la denuncia para no perjudicar al partido. Si tienen vergüenza no lo parece en absoluto.

Cambio de tercio. Otras noticias. El precio del alquiler bate récords en Barcelona. Ya está en 1.200 euros al mes. Se supo el mismo día que trascendió que "Dos hermanas se suicidan en Barcelona horas antes de ser desahuciadas", según El País. El texto viene con las firmas de Rebeca Carranco, Jesús García y Clara Blanchar: "Dos hermanas se han suicidado la madrugada de este lunes en un piso de Barcelona, horas antes de ser desahuciadas. Antes de quitarse la vida, las dos hermanas, de 64 y 54 años, han dejado una nota junto al oficio del juzgado, que ordenaba el primer intento de lanzamiento por impago de alquiler este lunes a las 11 de la mañana, en el distrito de Sant Andreu de la capital catalana. La policía catalana ha abierto una investigación, en la que todo apunta a un doble suicidio, según ha confirmado un portavoz del cuerpo. Las dos mujeres se han precipitado por un patio interior del edificio, en la calle de Navas de Tolosa, pasadas las cuatro y media de la mañana. Los funcionarios judiciales han sido informados a primera de este lunes de lo ocurrido por la policía, que no había sido requerida para intervenir en el lanzamiento. Las mujeres vivían en un piso de alquiler propiedad de un particular, en el que únicamente constaba empadronada una de ellas, y era la tercera subrogada en la vivienda. El propietario del inmueble presentó la demanda en mayo de 2023, por prácticamente dos años de impago (desde marzo de 2021) por los que se le adeudaban 9.000 euros, según ha explicado a El País una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)".

Sigue el texto: "En el procedimiento —que se tramitó en rebeldía porque nadie se personó— el Ayuntamiento de Barcelona fue requerido por el juzgado, solicitando un análisis y un informe de vulnerabilidad por el proceso de desahucio por el impago del alquiler. Profesionales de la SIPHO, la unidad municipal que busca mediar para evitar los desahucios, se personó diversas ocasiones en el domicilio para certificar la vulnerabilidad, incluso dejaron mensajes, pero nunca se logró contactar con nadie, ni respondieron a sus requerimientos, explican fuentes municipales. Otras fuentes del consistorio explican que en estos casos, se acude a los domicilios en tres ocasiones en franjas horarias distintas, para aumentar las posibilidades de hallar a las personas en el domicilio. El Consistorio alertó al juzgado de que no se había podido llevar a cabo el informe, pero a pesar de eso, la intención era asistir al primer intento de desahucio, previsto este lunes. El equipo del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha acudido igualmente este lunes al edificio, para atender a los vecinos del inmueble después de lo ocurrido".

Y: "Vecinos de la finca, en el barrio de Navas, explican que la familia de las dos mujeres vivía desde hacía años en el edificio, de un mismo propietario, en un piso que primero alquilaron los padres de ambas. Aseguran que la madre falleció en febrero de 2021, después de contraer la covid, y que después se quedaron solas las dos hermanas en la vivienda. La fecha coincide con el inicio del impago del alquiler. Describen cierto aislamiento de las hermanas, con una de ellas, la menor, que apenas salía del piso, y la mayor, que se hacía cargo del día a día. Muchos de los vecinos, cuando ha arrancado el día, desconocían lo ocurrido".

Pues queda clara cuál es la estrategia frente a la emergencia residencial. Desahuciados todos los que no pudieron pagar la vivienda en propiedad, ahora les toca a los que no pueden hacer frente al alquiler. La ley de la selva inmobiliaria. Pero que nadie se alarme. La política ni está ni se la espera.

2 de julio, santoral: Otón de Bamberg, Aristón mártir, Bernardino Realino, Cresceniano mártir, Felicísimo mártir, Félix de la Campania mártir, Liberato abad y compañeros, Lídano de Sezze, Marcia mártir, Martiniano mártir, Monegunda de Tours, Proceso mártir, Sinforosa mártir, Suituno de Winchester, Urbano mártir y Vidal mártir.