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Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona y exalcaldesa de Sant Cugat, no renovó el contrato de la grúa / CG

La grúa de Sant Cugat facturó "servicios en B" al ayuntamiento

El tripartito local envía la documentación a la Fiscalía ante las sospechas del mecanismo irregular de cobro del servicio

5 min

La empresa que opera la grúa municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) facturó "servicios varios en B" al ayuntamiento. Así lo ha avanzado el tripartito que gobierna la ciudad ERC-CUP-PSC hoy miércoles, 13 de mayo, que ha informado de que ha enviado más documentación a la Fiscalía al detectar que el operador subcontratado para la retirada de vehículos utiliza nomenclatura que sugiere el uso de contabilidad irregular.

En un comunicado público, el equipo de gobierno que comanda Mireia Ingla (ERC) ha confirmado la información avanzada ayer por Crónica Global sobre la entrada de los Mossos d'Esquadra en el consistorio por orden del ministerio público. Su gabinete, ha explicado, entregó documentación de la contrata de grúa a los agentes, que acudían como policía judicial tras el oficio de la Fiscalía. El consistorio ha confirmado que el servicio de grúa estaba sin contrato público desde 2016, cuando caducó la última prórroga. Lo que es más: el ejecutivo local ha agregado que, al reclamar a la empresa Grúas Pablo los precios que aplicaba al ayuntamiento, ésta ha entregado documentación que lleva el epígrafe "servicios varios en B". Todo ello obra ya en poder del ministerio público.

"Falta de explicaciones"

El equipo de gobierno ha admitido que preguntó a Grúas Pablo, operador subcontratado para la retirada de vehículos, a qué se refería con "servicios varios en B", que sugieren el uso de una contabilidad paralela, a tenor de expresiones similares utilizadas en casos de corrupción anteriores y no vinculados a las investigaciones abiertas en Sant Cugat. "Las explicaciones dadas por la empresa no han sido clarificadoras de esta expresión, por lo que se entregó la documentación a la Fiscalía", ha señalado el tripartito, que forman ERC, PSC y CUP.

Lo factual es que todo ello añade presión sobre la exalcaldesa de Sant Cugat y actual presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, ya que fue durante el mandato de ésta cuando no se renovó el contrato de la grúa municipal. La adjudicación caducó en 2016 y jamás se completó una nueva licitación, por bien que se lanzó un proceso que quedó desierto. Durante ese tiempo, Grúas Pablo siguió prestando el servicio, creen el ayuntamiento y fuentes judiciales preguntadas por este medio, sin contrato público, lo que constituiría una flagrante irregularidad en materia de contratación.

Las pesquisas por las facturas se enredan

Todo ello tiene una consecuencia: las investigaciones abiertas por presuntas anomalías en la contratación pública durante la etapa de las exalcaldesas Mercè Conesa (2010-2018) y Carmela Fortuny (2018-2019), ambas de CiU, uno de los partidos antecesores del PDeCAT y Junts per Catalunya, se complican. En estos momentos hay dos diligencias abiertas. Una de ellas nació de la documentación entregada inicialmente por Ciudadanos en mayo y agosto de 2019. El partido naranja, azote de la corrupción en el municipio-feudo convergente, entregó al ministerio público facturas por valor de 1,4 y 7 millones, respectivamente, que adolecían de falta de justificación, a su criterio.

Después, el nuevo tripartito municipal hizo lo propio. Entregó también a Fiscalía un informe del interventor municipal en el que éste habría detectado anomalías en el presupuesto de 2018. Esta actuación municipal ya provocó la actuación de los Mossos, que se personaron dos veces en la sede consistorial para recabar información genérica sobre la denuncia. Ayer martes lo volvieron a hacer, centrándose en este caso en la contrata de la grúa municipal.

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