Mercè Conesa, acorralada por facturas opacas desde 2012

Seis años de facturas dudosas. El caso facturas opacas cerca a Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona y exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por el PDeCAT, que deberá responder por al menos seis ejercicios de pagos con apariencia de poco transparentes. De momento, la Fiscalía investiga a su equipo de gobierno municipal por la gestión de 2018. En poco más de una semana, los Mossos d'Esquadra se han personado en dos ocasiones en la sede consistorial para recabar información.

Preguntado por la cuestión, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, ahora en manos de ERC, PSC y la CUP, se ha remitido a la nota de prensa enviada esta semana. En el comunicado, el ejecutivo local de la independentista Mireia Ingla subraya que la petición de información de la policía autonómica "fue requerida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el marco de un proceso de investigación". Dicho procedimiento pivota sobre el hecho de "un conjunto de facturas sobre encargos efectuados por el ayuntamiento que no se habrían ajustado correctamente a los procedimientos requeridos en el ámbito de la contratación". Niega sin embargo el actual equipo de gobierno que los contratos sirvieran para pagar por encima del precio de mercado. Agrega además que ha aprobado un "plan de mejora" de las finanzas municipales.

Conesa, el exinterventor y el exsecretario municipal

Fuentes cercanas al proceso han recalcado que el actual tripartito que gobierna Sant Cugat estaría descafeinando el caso, que en su momento la oposición de izquierdas no atinó a denunciar. Apuntan las mismas voces en tres direcciones: la de la exalcaldesa Mercè Conesa, ahora presidenta del Puerto de Barcelona, amén de en la dirección del exinterventor municipal, Francesc Carulla, y del exsecretario, Josep Maria Rigau. ¿Por qué? Según las voces cercanas a las diligencias de investigación los gastos fueron aprobados por la junta de gobierno, que habría estado presidida por Conesa y vigilada por estos dos funcionarios.

Asimismo, advierten las fuentes consultadas que el caso de las facturas opacas no se centra solo en un ejercicio, el de 2018, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Sant Cugat. Recuerdan que son al menos seis (2012-2018) los años en los que los expedientes de contratación presentan facturas que deberían cotejarse. Con solo el material de un año, enfatizan, la Fiscalía ya ha iniciado diligencias de investigación. La cuantía de los expedientes sumaba 1,4 millones de euros con las cifras de 2018, pero puede llegar a sumar varios millones si finalmente se concluye que hay mimbres para armar un caso desde 2012 y se entregan al ministerio público, ampliando la demanda.

Ciudadanos lo denunció

Precisamente, el grupo municipal que elevó el caso a Fiscalía, Ciudadanos de Sant Cugat, hizo hincapié ayer en conversación con este medio que "no es de recibo que el gobierno municipal no cite por ningún lado a Cs, cuando fue el grupo que hizo todo el trabajo y trasladó el expediente a Fiscalía". El presidente municipal de la formación, Aldo Ciprián, lamentó también la escasa información que está aportando el ejecutivo local de Ingla, "máxime cuando en una semana se ha presentado la policía en la sede consistorial en dos ocasiones".

Según Ciprián, que llama a respetar los ritmos de trabajo del ministerio público con el caso, de la entrada de los agentes "se han enterado a veces por los medios locales de comunicación". En relación al PSC, cuyo teniente de alcalde, Pere Soler, informó ayer de la segunda personación de los Mossos, Ciprián recordó que "este mismo grupo gobernó con el PDeCAT de Conesa a cambio de una silla en 2017".

A su vez, la investigada señaló ayer que "estaba muy tranquila" en relación al informe del interventor municipal de su último año como alcaldesa de Sant Cugat, que cuestionaba abiertamente los pagos por valor de 1,4 millones. Subrayó Conesa ante los micrófonos de Catalunya Ràdio que como munícipe "aprendió que las cosas había que pagarlas", aunque admitió que "el proceso quizá no era siempre el más adecuado o no, ya que a veces imperaba la urgencia". En estas condiciones, criticó la ahora máxima directiva del Puerto de Barcelona que "se cuestionara el trabajo de los técnicos municipales", ya que "no todos los expedientes pasaban por alcaldía" antes de aprobarse los pagos de las partidas asociadas.