Familiares de ancianos piden a la Fiscalía que investigue todas las residencias de Cataluña

Familiares de ancianos de la Coordinadora 5+1 han pedido a la Fiscalía de Cataluña que investigue a las 1.070 residencias existentes de forma exhaustiva porque "es de justicia saber qué ha pasado en estos centros" para que hayan muerto 3.228 personas hasta hoy.

En rueda de prensa telemática, la portavoz de esta coordinadora, María José Carcelén, ha considerado que la información de lo que ha sucedido en estos centros "sólo puede estar al alcance de la Fiscalía".

Desnutridos y deshidratados

La Coordinadora 5+1 ha hecho llegar esta petición a la Fiscalía de Cataluña junto con sus sospechas documentadas y con testimonios de 95 personas de que no se han hecho las cosas correctamente, en concreto, en once residencias.

Informes médicos de hospitales en los que se indica que los ancianos trasladados han llegado desnutridos y deshidratados y testimonios de trabajadores de las residencias y de familiares conforman el grueso de la denuncia, que no concreta ninguna imputación, una cuestión que los familiares creen que depende de la Fiscalía.

En la rueda de prensa también han intervenido, entre otros, Israel Álvarez, del sector de geriátricos del sindicato Cobas; Elba Tenorio, de la Marea Blanca de Cataluña, y Concep Miró, de IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña).

Querella

Israel Álvarez ha anunciado, por su parte, que su sindicato presentará una querella de todas las deficiencias que se han detectado en las residencias, y que considera responsables a los consellers de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrani, y de Salud, Alba Vergés, así como a la secretaria de este último departamento, Laura Pelay.

También ha denunciado que algunas empresas que gestionan geriátricos han restringido el acceso a los programas informáticos de las mismas a los trabajadores durante las semanas más duras de la pandemia, para que no viesen qué se hacía o dejaba de hacer, ha dicho.

Plantillas de personal escasas

Concep Miró ha considerado que "el gran problema" ha sido la ratio de trabajadores y las escasas plantillas, establecidas el año 2010 y que han quedado "obsoletas y a la baja".

"Ahora los ancianos que están en las residencias presentan un perfil de más dependencia", cosa que les ha hecho más vulnerables a la pandemia, en su opinión.

Los EPI llegaron tarde

Por lo que se refiere a los equipos de protección individual, IAC solicitó en febrero pasado que se les facilitara a los trabajadores, unos equipos de protección individual (EPI) que llegaron a principios de abril, lo que denota "una falta de previsión clara", ha indicado.

Carcelén ha recordado que "después de múltiples contactos sin resultado", el pasado 23 de marzo dirigieron correos electrónicos a las consejerías de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de Salud y a la secretaría de Asuntos Sociales y Familias pidiendo más equipos de protección y test a trabajadores y residentes para frenar la cadena de contagios.

Falta de test y "caótica gestión"

También solicitaron que se aislara fuera de las residencias en centros medicalizados a las personas mayores con síntomas o positivos.

Sin embargo, constatan en la denuncia que la Generalitat no dotó de equipos de protección al personal "ni hicieron test con la rapidez necesaria, lo que se ha visto agravado por una caótica gestión en muchas residencias, con un aislamiento más que discutible de las personas con síntomas/positivos".