Los Mossos investigan la gestión convergente en Sant Cugat

Los Mossos d'Esquadra se han personado hoy martes, 12 de mayo, en el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) buscando pruebas de presuntas irrregularidades cometidas a nivel municipal Convergència i Unió (CiU), uno de los partidos antecedores de PDeCAT y Junts per Catalunya (JxCat). La policía catalana ha entrado en la sede consistorial para recabar información sobre la contratación de la grúa municipal, que presentaría presuntas anomalías en, al menos, los últimos cinco años. Ello salpica los mandatos de las exalcaldesas Mercè Conesa y Carmela Fortuny, ambas neoconvergentes.

Fuentes judiciales han informado a este medio que los Mossos han acudido a Sant Cugat en calidad de policía judicial y por orden de la Fiscalía de Área de Sabadell. La delegación territorial del ministerio público investiga los contratos públicos adjudicados por el equipo de gobierno de Conesa entre 2012 y 2017, y los de Fortuny en 2018 y 2019. La entrada de la policía catalana de hoy se vincula a este último periodo, cuya gestión denunció el actual gobierno municipal tripartito formado por ERC, la CUP y PSC. Fiscalía habría peinado las adjudicaciones aportadas por el tripartito y habría hallado elementos sospechosos en la contratación de la grúa.

Los Mossos investigan la gestión convergente en Sant Cugat / CG

Dos investigaciones en marcha

Las actuaciones de hoy discurren paralelas a otra investigación del ministerio fiscal, que comenzó por una denuncia de Ciudadanos. El partido naranja alertó a la oficina de Francisco Bañeres sobre la gestión de Mercè Conesa entre 2012 y 2017. Ésta adjudicó obras y servicios por valor de siete millones de euros, sin que a primera vista existan expedientes de contratación vigentes. En otros casos, las licitaciones se zanjaron con expedientes ya caducados --algo también irregular-- meses o incluso años después de su prórroga. Negro sobre blanco, el Ayuntamiento de Sant Cugat habría prorrogado contratos entre 2012 y 2017 por la vía de los hechos, algo que las leyes de contratación prohíben.

Entre estas adjudicaciones opacas, cuya legalidad ahora estudia la Fiscalía, se encuentran contratas públicas de alumbrado o limpieza de instalaciones. Asimismo, obra en poder del ministerio público una factura de 300.000 euros por obras de adecuación de la sede de la Unió Santcugatenca, una entidad social centenaria en este coqueto municipio de la conurbación de Barcelona. En este caso no existe expediente de contratación y tampoco se conoce quién fue el contratista.

Lo probado: CiU cobró el 3% en Sant Cugat

La noticia de que los Mossos buscan pruebas de irregularidades convergentes en Sant Cugat llega tras encajar los sucesores de este espacio política --hubo otros-- otro mazazo judicial: uno de los partidos antecesores de PDeCAT y JxCat cobró comisiones a cambio de obra pública en esta localidad. Según sentencia firme de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) ingresó una comisión irregular del 3% de Ferrovial a cambio de la construcción del pabellón deportivo PAV3 del municipio. El alto tribunal ve probado que en 2002, el Ayuntamiento, gobernado entonces por mayoría absoluta por Lluís Recoder --predecesor en el cargo de Mercè Conesa--, adjudicó la obra de la instalación deportiva al grupo constructor.

La contrata pública, no obstante, llevaba aparejada una comisión para el partido nacionalista. CDC se llevó una mordida del 2,5% del valor de los trabajos, equivalente a 104.400,47 euros, mientras que otro 1,5% de presupuesto (62.640,28 euros) fue a parar a Fèlix Millet y Jordi Montull, expresidente de la Fundación Palau de la Música y su mano derecha en la institución cultural, respectivamente. De hecho, la sentencia del Supremo sobre el caso Palau ha confirmado penas de cárcel de nueve años y ocho meses para Millet y de siete años y seis meses para Montull. La máxima instancia judicial, asimismo, les impone la devolución de 23 millones de euros desviados del Palau y reitera también el decomiso de 6,6 millones de euros a CDC por los beneficios obtenidos del tráfico de influencias.