La abogada privada de Janet Sanz costará unos 60.000 euros a los barceloneses

Así lo denuncian fuentes legales, que recuerdan que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de un contrato marco con cuatro bufetes de abogados [ver expediente aquí] para asesoramiento, asistencia, representación y defensa del personal municipal. También en el campo penal, jurisdicción donde está investigada Janet Sanz en el marco del caso Buenos Aires. El ayuntamiento ha firmado este acuerdo con letrados privados, pero no es el único que permite contratar a defensores externos en los casos más complicados que afectan a trabajadores públicos. Cuenta con otros dos pactos con los despachos de Pau Molins (Molins Defensa Penal) para causas que afecten a la Guardia Urbana [ver contrato aquí] y otro con el abogado Marc Molins (Molins&Parés) para cuestiones administrativas, como es el caso Muñoz Ramonet. 

La abogada externa de Janet Sanz costaría cerca de 60.000 euros a los barceloneses / CG

"¿Por qué fuera de concurso?"

Janet Sanz está acusada de los presuntos ilícitos de prevaricación, obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir un delito. Su defensa se ha cerrado fuera de los acuerdos que tiene el Ayuntamiento de Barcelona con bufetes de abogados externos. "Se entiende que no utilice los servicios jurídicos municipales, pero es que la Administración local ya tiene externalizada su defensa. La saca a licitación. ¿Por qué no se presentó Olga Tubau a ese procedimiento? ¿Por qué la contratan ahora a cargo del contribuyente?", se preguntan los mismos interlocutores. De hecho, es un debate abierto en los grandes despachos legales de la ciudad.  

Tubau & Lajara & Echavarri, el equipo que lidera Olga Tubau, ha optado por mantenerse el margen de cualquier polémica en este sentido. Ha declinado hablar tanto de esta discusión como de la minuta que habría fijado por llevar el caso de la teniente de alcalde. Lo mismo ha ocurrido con el bufete de Pau Molins, otro gran nombre de la abogacía catalana que sí está contratado por adjudicación pública por parte del consistorio de la capital catalana. 

Ayuntamiento: "Hay que contratar"

Sí ha respondido a las cuestiones planteadas por Crónica Global el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes municipales han explicado que "corresponde a los letrados y letradas consistoriales la defensa de los intereses de la corporación. No obstante, no están legalmente habilitados para defender los derechos e intereses del personal municipal ni de los cargos electos". Es por ello que "se tiene que contratar su defensa en procedimientos judiciales". 

Lo que es más, "tanto los cargos electos como el personal tienen derecho a la asistencia jurídica con el fin de proteger el legítimo ejercicio de sus funciones". Por ello, "el ayuntamiento debe asumir los gastos correspondientes, porque la asistencia jurídica por parte de la corporación es un derecho reconocido tanto al personal municipal como a los cargos electos, a fin y efecto de proteger el ejercicio legítimo de las funciones propias del puesto de trabajo y las funciones derivadas del mandato representativo, respectivamente". ¿Con qué fin? "Se protege a la persona y a la función pública que desempeña para garantizar que la pueda hacer sin intromisiones ilegítimas y sin tener que sufrir perjuicios por razón de servicio". 

"La ley lo prevé"

La misma fuente oficial ha destacado que el derecho a defensa jurídica lo recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 14, y en el artículo 36 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona. Ese último epígrafe excluye solo las situaciones en las que el empleado municipal sea condenado por "imprudencia temeraria con infracción de reglamentos, negligencia o ignorancia inexcusable, dolo o mala fe, o infracción o incumplimiento voluntario de normas". Sanz no incurriría ninguna de estas faltas. 

Ese amparo ante procedimientos judiciales incluye también a los cargos electos, según la ley reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 75.4, se recuerda desde el consistorio. Asimismo, el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) también prevé cubrir las "indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio del cargo". 

"¿No eran los campeones de lo público?"

La argumentación del Ayuntamiento de Barcelona para justificar la contratación no ha aplacado las críticas de diversos profesionales de la abogacía contactados por este medio, que sitúan esta polémica en el plano político. Según estos letrados, "la minuta media de Olga Tubau y su despacho oscila entre los 50.000 y 60.000 euros", ello condicionado a que el procedimiento no pase de la fase de instrucción y sea sobreseído. Si el juez de la sala de Instrucción número 12 de Barcelona envía el caso a juicio, el coste para el contribuyente será aún mayor. "Se impone también otra reflexión, además del precio. El partido campeón de la remunicipalización y contra las externalizaciones, BComú, fuerza de Ada Colau y Janet Sanz, ficha a uno de los mejores bufetes de abogados --privado-- cuando su concejal tiene un problema", denuncian. 

La razón última de por qué el área de Janet Sanz ha fichado a una reputada penalista como Olga Tubau puede tener que ver con la dificultad del proceso penal al que se enfrenta. El togado instructor ha sido hasta ahora muy meticuloso. Entre otras cuestiones, ha exigido cinco informes urbanísticos del caso Buenos Aires para decidir si abre o no juicio oral, hecho que, según los mismos letrados, es una muestra de lo en serio que se toma la pugna urbanística judicializada. También ha citado a la gerente del área, Laia Balagueró, para el 29 de marzo. Y a todos los técnicos que intervinieron en la tramitación. El caso, que nace de una querella de la Congregación de la Misión --los padres Paúles-- y London Private Company, se ha enmarañado y causa nervios en el seno del gobierno municipal, como explicó Metrópoli Abierta.