Janet Sanz (c), tras declarar como investigada en el 'caso Buenos Aires' / CG

Janet Sanz (c), tras declarar como investigada en el 'caso Buenos Aires' / CG

Política

El juez que imputó a Janet Sanz cita a todos los técnicos

Laia Balagueró, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, declarará como testigo el 29 de marzo en la instrucción del 'caso Buenos Aires'

16 marzo, 2021 00:00

Todos los técnicos. El juez que ha citado como investigada a la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha llamado a declarar en la fase de intrucción a "todos los tramitadores" que intervinieron en en expediente del caso Buenos Aires, en el que la concejal de BComú, partido de la alcaldesa Ada Colau, se enfrenta a cuatro delitos por vetar la ubicación de un hotel en un palacete modernista del barrio de Vallvidrera. 

Fuentes cercanas al procedimiento señalan el nuevo paso que se da en los tribunales a Crónica Global. El magistrado de la sala de Instrucción número 12 de Barcelona ha citado como testigos a todos los técnicos municipales que participaron en el expediente. Con ello, el equipo que lidera Janet Sanz queda encharcado en un procedimiento en el que ella misma declaró ayer como imputada --condición de investigado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)--. Está acusada de cuatro presuntos delitos: prevaricación, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. 

 

 

Janet Sanz a su salida de la Ciudad de la Justicia / CG

La gerente de Urbanismo, el 29

La citación de "todos los tramitadores" que pide el juez del caso Buenos Aires ya es una realidad. La primera en dar explicaciones ante el togado será la gerente del área, Laia Balagueró, que comparecerá en calidad de testigo el próximo 29 de marzo. 

Balagueró deberá explicar cómo y en qué circunstancias rechazó el Ayuntamiento de Barcelona las peticiones de licencia de derribo, reforma y apertura de un hotel en la Casa Buenos Aires de la capital catalana, en la que la inmobiliaria London Private Company proyectó un hotel de lujo que el Ejecutivo local vetó. Los inversores entraron los permisos a finales de 2018, pero el palacete fue okupado a principios de 2019. Entonces comenzó un extraño pulso entre promotor, okupas y Ayuntamiento que acabó con el inmueble modernista allanado y en proceso de expropiación por el Gobierno local. El hotel de lujo jamás vio la luz. 

Sanz apela al "interés general"...

Tras ello, la inmobiliaria, que tiene una opción de compra sobre el activo, y la delegación de Barcelona de la Congregación de la Misión en España, los Padres Paúles, denunciaron al consistorio por los cuatro delitos citados. La querella recaló en la sala de Instrucción número 12, donde el magistrado ha peinado concienzudamente la documentación, llegando a pedir hasta cinco informes urbanísticos relativos al caso

También citó en calidad de investigada a Janet Sanz. La concejal se escudó en el "interés general" de la catalogación de la Casa Buenos Aires como motor de la actuación institucional. Citó, como avanzó este medio, que el Govern ha avalado la el proyecto. Esa línea de defensa fue política. Ante el juez, lo que se dirime es por qué el Ayuntamiento no concedió las licencias pese a la petición formal de los inversores y a que éstos accedieron a negociar, según señalan interlocutores jurídicos. 

...pero el caso está cuesta arriba

De hecho, la línea de defensa de Janet Sanz, apuntalada por la prestigiosa letrada Olga Tubau, exabogada del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, no tranquiliza en el consistorio. Albert Batlle (PSC), teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, acudió ayer a la declaración de su compañera de Ejecutivo por su condición de concejal del distrito donde se encuentra la mansión Buenos Aires. Batlle, compuesto, escondió unos nervios en el seno del bipartito sociocomún que fuentes cercanas a los dos partidos en el Gobierno de Barcelona enfatizan. 

En la sala de máquinas del pacto BComú-PSC se teme que la documentación aportada en el caso Buenos Aires llegue al juicio oral. No en vano, el Ayuntamiento arropó públicamente a los okupas de la mansión mientras mantenía conversaciones para la venta del activo. También jugó un papel en los intentos de desalojo del palacete, un rol que el juez deberá determinar. Será la justicia la que tenga la última palabra sobre la pulcritud de la operación inmobiliaria que se frenó en Vallvidrera.