Intelectuales tratan de interferir en las negociaciones para formar Gobierno

El independentismo ha insistido en una idea en los últimos años: el Estado español ejerce “la represión” porque no admite el derecho de autodeterminación de Cataluña, que no se recoge en la Constitución. A partir de ese mensaje, el reproche se ha intensificado al precisar que el Gobierno español, fuera del PP o ahora del PSOE, no ha querido dialogar. Y, desde el Govern de la Generalitat, y otras instituciones y entidades catalanas, se ha influido en la comunidad académica y en el mundo intelectual, hasta el punto de que una serie de intelectuales tratan ahora de interferir en las negociaciones para formar Gobierno.

Entre los firmantes del documento, con el título de Petición Pública en favor de una negociación política sobre Cataluña, publicado en la revista Contexto, figuran Noam Chomsky, Daniel Innerarity, Antonio Pérez Tapias, Manuela Carmena, Iñaki Gabilondo, Jordi Amat, Josep Ramoneda, o Manuel Castells. La petición compra la idea del independentismo de que se trata de un “conflicto” entre dos partes, dejando de lado si las fuerzas independentistas se saltaron o no la ley en octubre de 2017. “Tras la sentencia, y ante los graves altercados en las calles de Cataluña, el Gobierno catalán ha solicitado reiteradamente establecer una negociación con el Gobierno español a fin de abordar el “conflicto”, se afirma, sin decir nada sobre quién ha alentado esa violencia, o sobre quién no quiere pedir ahora que se pare.

La estrategia de Torra

Y se añade que, como petición, “todos los actores implicados en el conflicto, de un lado y de otro, hagan un esfuerzo para desescalar la tensión social. Deploramos profundamente las acciones violentas que se han visto estos últimos días en Cataluña. Es preciso detener cuanto antes la espiral de violencia”. También se pide que se abandone “la estrategia de judicializar un conflicto de clara naturaleza política”, y que los dos Gobiernos, el catalán y el español, “acuerden una ronda de negociaciones a fin de estudiar y pactar medidas que ayuden a encarrilar una salida política al problema”.

Quim Torra, a las órdenes de Carles Puigdemont, cara a cara con Pere Aragonès, dirigente de ERC. De fondo, una imagen de las últimas elecciones / CG

Esa es la posición del independentismo, la que plantea Esquerra, y también Junts per Catalunya. La que pide el presidente Quim Torra, y la que se señala en el lema Sit and talk, que difunde el llamado Tsunami Democràtic. Esa estrategia se sigue desde las instancias del propio Gobierno catalán. Torra, a petición del socialista Miquel Iceta, que le pidió que desde su responsabilidad reclamara el fin de los cortes de carreteras, se negó a parar esas acciones.

¿Diálogo? ¿Qué diálogo?

Aunque Junts per Catalunya defiende ese “diálogo”, quien ha hecho bandera de ello es Esquerra Republicana, como baza para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Ese manifiesto va en esa línea, y la da fuerzas a los republicanos para presionar en las próximas semanas al líder del PSOE, que ha pedido a Esquerra que reflexione sobre qué Gobierno quiere en realidad. Pero el propio manifiesto puede girarse en contra de ERC, ante la negativa de Pedro Sánchez de verse condicionado de esa forma.

El filósofo Javier Gomá señala a Crónica Global que, en general, al margen de ese manifiesto concreto, cuando se les pregunta a los intelectuales para que firmen un documento, éstos lo que hacen es “posicionarse”, y acaban siendo “instrumentos en la lucha política”. Gomá sostiene que es el propio lenguaje el que se tergiversa, y se acaba diciendo que las dictaduras “son democracias populares”, o que “los que tienen un problema con el diálogo real, reivindican el diálogo”.

Francesc-Marc Álvaro en la entrevista en la redacción de Crónica Global / LENA PRIETO

"Independentistas y equidistantes"

Una posición similar defiende el historiador Joaquim Coll, que lo explica en este artículo, y que considera que se practica un “dialoguismo” que no entra en el fondo del problema, y que hace del diálogo “un escapulario cuando, recurriendo al fondo político del asunto, compran los argumentos de los que practican el chantaje en una forma u otra”. Entre los firmantes figuran Francesc-Marc Álvaro, Manuel Rivas, Antoni Puigverd o Slavoj Zizek. Coll señala que “hay diferencias sustanciales entre ellos, porque algunos han sostenido con entusiasmo el procés durante años, pues son independentistas declarados, mientras otros, en cambio, han mantenido una posición equidistante e incluso de crítica ante las malas formas democráticas de los separatistas”.

La imagen que pretende ofrecer el independentismo es que es el Estado el que no desea el diálogo, y que es Cataluña, en su conjunto, la que reclama un cambio en la relación con España, que pide esa superación “del conflicto”. Es decir, fija un imaginario cohesionado (Cataluña) frente a un Estado-Gobierno que sería irresponsable al desatender un “conflicto” político.

Dentro de la Constitución

Esquerra seguirá reclamando esa “mesa de negociación”, que algunos dirigentes socialistas han interpretado como un gesto similar al que se produjo en la reunión de Pedralbes, en diciembre de 2018, como exigencia para abstenerse en la investidura de Sánchez. La presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, cree que sería un “buen punto de partida”.

En todo caso, el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos hace referencia a Cataluña con una apuesta por el diálogo “siempre dentro de la Constitución”. En el noveno apartado se fija el compromiso por “garantizar la convivencia en Cataluña: El Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia”. Y se añade que se garantizará “la igualdad entre todos los españoles”.