Los viejos juzgados de Barcelona, a la venta por tercera vez

Pugna en ciernes por la subasta de los antiguos juzgados de Barcelona. El Gobierno, por medio del ministerio de Trabajo, ha sacado a subasta por tercera vez la que fuera la sala de Magistratura por 17 millones de euros. Los vecinos han reaccionado a la operación inmobiliaria y exigen al ayuntamiento que se la quede para usos sociales.

La tercera subasta del edificio de 5.300 metros cuadrados en la Ronda Sant Pere número 41 de Barcelona se oficializó a finales de octubre. La Tesorería anunció oficialmente que busca comprador para la que fuera la sala de Magistratura. ¿El precio? 16,7 millones de euros para un activo de los que ya no quedan en el centro de Barcelona: está situado entre las calles Ali-Bei, Bailèn y ronda de Sant Pere, a pocos centenares de metros del Arco de Triunfo y la plaza Urquinaona, antigua zona de bazares chinos al por mayor a la que el inmobiliario ha echado un ojo. Los interesados pueden presentar ofertas hasta el 29 de noviembre. El remate se cerrará el próximo 11 de diciembre en Barcelona.

Vecinos: "Que lo compre el ayuntamiento"

En conversación con este medio, Jaime Artigues, presidente de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l'Eixample, emplazó al gobierno municipal a comprar el inmueble. "Lo puede hacer por varios motivos. Uno, porque el edificio tiene un uso de equipamiento. Dos, porque la Carta Municipal de Barcelona y la Ley 1/2006 del Régimen Especial de Barcelona le dan opción preferente cuando el Estado enajena activos. Y tres, porque el distrito presenta una gran carencia de servicios públicos", ha argumentado. ¿Qué exige el activista? "Los antiguos juzgados son un lugar idóneo para una residencia para gente mayor y joven, o para cambiar la calificación urbanística y remodelarlos como vivienda social", ha valorado.

Ubicación de los antiguos juzgados de Barcelona / Google Maps

Según Artigues, es "muy triste" que la Administración General del Estado, "pero también la Generalitat de Cataluña", "se desprendan de patrimonio y se lo quede el sector privado". Máxime cuando, según él, la ciudad de Barcelona "sufre una crisis por el alza de los alquileres y hay escaso terreno para vivienda protegida". Ante ello, ¿qué hará? "Montaremos otra campaña", ha avanzado el residente.

La crisis política de 2017 frustró la venta

Por otra campaña se refiere el líder vecinal a la iniciativa llamada Paremos la subasta, que logró el apoyo de una decena de entidades vecinales y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en noviembre de 2018. En aquella ocasión, los activistas provivienda pública se concentraron ante los antiguos juzgados de Magistratura --los nuevos están en la Ciudad de la Justicia-- con el fin de presionar a las administraciones para que se quedaran la edificación. Lamentaron entonces que "cada administración actúe por su cuenta", sin comunicar a la otra la enajenación de patrimonio.

Cualquiera que fuere su opinión, la subasta del edificio de 5.000 metros cuadrados en plena almendra central de Barcelona tiene enjundia. Ello es así porque la Tesorería General la ha intentado colocar dos veces, en 2017 y 2018, cuando los activistas provivienda social protestaron. Un año antes, la primera venta pública del activo quedó desierta en el contexto del desafío independentista en Cataluña. El Confidencial avanzó que fuentes del sector inmobiliario lo atribuían al frenazo inversor en la autonomía por la inestabilidad política.