Nadie controla el dinero público que va a las entidades que fomentan el catalán
La Generalitat no dispone de las memorias de actividades de las asociaciones cuyas donaciones permiten desgravar, y que suponen pérdidas anuales de 1,6M€ al erario público
15 noviembre, 2019 00:00“Le informo que no consta que ni el departamento de Cultura, ni ninguna entidad del sector público del departamento, tengan memorias de actividades de esta asociación”. La sinceridad de la Generalitat demuestra hasta qué punto existe descontrol respecto a las entidades dedicadas a fomentar el catalán.
Hacer donaciones a estas asociaciones, que en algunos casos reciben también subvenciones del propio Govern --como es el caso de Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià--, permite desgravar en el IRPF. El requisito para ellas es estar inscritas en un censo cuya última actualización arroja una cifra de 242 asociaciones.
Este año, el Govern calcula que esas deducciones alcanzarán los 1,6 millones de euros, que pierde el erario público.
La orden del departamento de Cultura que regula el Censo de entidades de fomento de la lengua catalana deja muy claro, en su artículo 3 --que especifica la documentación necesaria para acceder al mismo-- que los solicitantes deben aportar la “memoria de actividades de fomento de la lengua catalana llevadas a cabo por la entidad durante el año anterior a la solicitud”. Asimismo, las entidades de constitución reciente que no disponen de la memoria indicada deben aportar el plan de las actividades de fomento”.
Sin embargo, la Generalitat no parece tener demasiado interés en controlar la actividad de estas entidades, algunas de ellas subvencionadas por la Generalitat --como es el caso de Plataforma per la Llengua u Òmnium--, y que también se financian mediante las donaciones que reciben. Que un particular pueda desgravar un 15% de las cantidades donadas supone un excelente reclamo.
Tal como publicó Crónica Global, la Generalitat deja de ingresar más de un millón de euros al año con las desgravaciones en el IRPF de aquellas personas que hacen donaciones a entidades soberanistas. Así consta en las memorias de beneficios fiscales que, anualmente, publica el departamento de Economía de la Generalitat. Para 2019, el Govern calcula que esas deducciones alcanzarán los 1,6 millones de euros.
El Censo de entidades de fomento de la lengua catalana, elaborado por la Consejería de Cultura, agrupa entidades privadas sin ánimo de lucro, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras corporaciones de derecho público “que llevan a cabo actividades para fomentar la lengua catalana, dentro de su ámbito de actuación”, explica la Generalitat.
Se entiende por fomento de la lengua catalana “la realización de actividades que promueven actitudes positivas hacia el catalán o tienden a incrementar su conocimiento o uso entre la población en general o en colectivos concretos, así como la investigación sobre la lengua catalana o su situación”.
La lista no para de crecer
Esta lista de asociaciones no ha parado de crecer. En 2012, había 86 registradas. El año pasado, la cifra ascendía a 214 gracias a la incorporación de 23 nuevas asociaciones, que se sumaban a las 191 que renovaron.
El verano pasado, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó la renovación de ese censo, que ya alcanza las 242 asociaciones. A 206 se les confirma la inclusión, y se admiten otras 36. Entre ellas figuran entidades radicadas fuera de Cataluña, lo que permite a la Generalitat subvencionar el llamado pancatalanismo. Así, se benefician de estas desgravaciones fiscales la Associació d’Amics de la Bressola (Perpignan), Associació Institució Francesc de Borja Moll (Palma de Mallorca) o Associació Cívica per la Llengua El Tempir d'Elx (Elche), que renuevan en ese listado, al que ahora se incorpora Obra Cultural Balear.
Salvaguarda de l'Alguer
Una de las entidades que repiten es la Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l'Alguer. La diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, se interesó por esta entidad y solicitó a la Generalitat una copia de la memoria de actividades desde 2010 a 2019 (ambos años incluidos). La respuesta de la Consejería de Cultura sorprendió por su franqueza, pero también por el evidente descontrol de las cuentas que demuestra. “Le informo que no consta que ni el departamento de Cultura ni ninguna entidad del sector público del departamento tenga memorias de actividades de esta asociación”, confiesa la consejera Mariàngela Vilallonga en su respuesta parlamentaria.
Fuentes de la formación naranja aseguran que han preguntado por otras asociaciones censadas a lo largo de toda la legislatura, pero el Govern responde con evasivas.
La ley que permite hacer esas desgravaciones es la 21/2001 de medidas fiscales y administrativas. Establece la posibilidad deducir el 15% de las cantidades donadas. El límite máximo es el 10% de la cuota íntegra autonómica.