Los independentistas se conjuran con Sánchez para evitar el adelanto electoral

Dos estrategias completamente contrapuestas. Mientras PP y Ciudadanos tratan de forzar elecciones anticipadas para aplicar el artículo 155 –de ello informaba ayer Crónica Global--, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta agotar la legislatura con el apoyo de los independentistas. Ninguna de las dos partes parece confiar en el reciente baremo del CIS, que dan una ventaja al PSOE de casi 10 puntos sobre los populares. Las buenas perspectivas deberían empujar a los socialistas a convocar comicios, pero no es esa la intención. Asimismo, la formación que lidera Pablo Casado está convencida de que los datos de esa encuesta están cocinados y que las concesiones a los secesionistas le pasarán factura al PSOE.

A pesar de las filtraciones prácticamente diarias sobre las amistades peligrosas y las declaraciones fiscales de sus ministros, Sánchez quiere agotar la legislatura, pero para ello necesita que el tema territorial arda lo menos posible. “Es evidente que hay un compromiso de no adelantar elecciones ni en Cataluña ni en España. A ambas partes les interesa ganar tiempo”, explican fuentes parlamentarias. Así, mientras el PSOE quiere consolidar su mandato, el Govern no disimula que su agenda corre en paralelo a los juicios por el referéndum del 1-O. No hay fecha todavía. Ni siquiera la Fiscalía General del Estado ha presentado su escrito de acusación. Pero es muy probable que la sentencia se conozca después de las elecciones municipales. Mientras tanto, mucha agitación y, de momento, cero desobediencia.

Reabrir el melón del indulto

Los guiños hacia Cataluña han sido constantes desde que ERC y PDeCAT apoyaron la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Tras el acercamiento de los presos independentistas a las cárceles catalanas, varios miembros del Gobierno español han vuelto a abrir el melón de los indultos a los secesionistas. Un tema con el que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, torpedeó su propia campaña en las elecciones del 21D. Asimismo, el Ministerio de Hacienda y la Generalitat acaban de acordar el pago de 1.459 millones de los 7.600 millones de deuda pendientes con Cataluña de los próximos cuatro años.

La pregunta que se hace la oposición es obvia: ¿A cambio de qué? Para los independentistas, el regreso de un endurecido PP a la Moncloa es sinónimo de 155, pero en este caso, con más rigor y duración, pues la intervención autonómica se haría extensiva a TV3 y los Mossos d’Equadra. Y más allá de la agitación social que el Gobierno de Quim Torra, teledirigido por Carles Puigdemont desde Bélgica, alienta de cara a los juicios por el referéndum del 1-O, lo cierto es que ganan peso los sectores que rechazan la unilateralidad. En esas posiciones están tanto ERC, una parte de PDeCAT --especialmente el grupo parlamentario en el Congreso-- y miembros destacados de Junts per Catalunya, como es el caso de Elsa Artadi, consejera de Presidencia que en las últimas semanas ha viajado a menudo a Madrid para entrevistarse con varios ministros. Incluso el propio Puigdemont admite que no habrá independencia hasta dentro de 20 o 30 años.

Los duros de Puigdemont, orillados

Los contactos de Artadi han sido muy criticados por los duros de Puigdemont, cada vez más orillados por el pragmatismo que se impone a ese viaje a ninguna parte del procesismo. A ese baño de realidad se añade la división existente en el mundo independentista. ERC se desmarca de cualquier amago de lista común con Junts per Catalunya --ni por asomo piensa compartir listas municipales con los neoconvergentes, pues parte como ganadora en las encuestas de intención de voto--, mientras que la CUP ha soltado lastre de un Govern que vuelve a hablar de referéndum en lugar de implementar la república. Que Quim Torra haya presentado una hoja de ruta gubernamental para cuatro años evidencia el rechazo a un adelanto electoral y la apuesta por mantener los puentes con el PSOE.

Por su parte, el propio Pedro Sánchez aseguraba ayer durante una entrevista en la sede de la agencia Reuters en Nueva York que “si los independentistas priorizan el conflicto, entonces, game over, iremos a elecciones. Pero si colocas primero la cooperación para hacer políticas sociales y otras cosas podremos llegar a 2020 que es mi objetivo”.

Es obvio que el socialista está pensando en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2019. Y para aprobarlos necesita del apoyo de ERC y PDeCAT. De los primeros ya ha logrado gestos en materia fiscal, pero la influencia de Puigdemont sobre los segundos es todavía fuerte. El expresidente catalán no pudo imponer el “no” en la moción de censura contra Rajoy, pero sí que el PDECAT echara marcha atrás en la aprobación de una moción en el Congreso sobre la búsqueda de soluciones para Cataluña dentro de la ley.