La CUP denuncia ser víctima de "espionaje policial"

La CUP ha denunciado públicamente este jueves la persecución y el espionaje policial que, a su juicio, sufren sus dirigentes y parte de su entorno político. Su exdiputada Mireia Boya ha explicado que estas tareas secretas de vigilancia y seguimiento se vienen produciendo desde hace más de un año, y perduran todavía en la actualidad.

La formación independentista ha conmemorado ante la sede del partido el primer aniversario de uno de los días más tensos antes del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Hace justo un año, los antidisturbios de la Policía intentaron registrar en vano su local de la calle Casp de Barcelona ante la resistencia pacífica que opusieron cientos de personas congregadas a sus puertas. Y también tuvo lugar la concentración contra el registro de la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat, que acabó propiciando el encarcelamiento de los líderes la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"Nos vigilan policías de paisano"

La CUP ha recordado ese día con un acto ante su local en el que Boya ha destacado que "la represión viene desde mucho antes de septiembre pasado. Aún hoy, estamos sufriendo el espionaje policial en nuestra sede. Hay policías de paisano que nos han vigilado, nos vigilan, siguen y registran todos nuestros movimientos". Según ha explicado, esos agentes "visten de paisano y toman nota, hacen fotos y un control de quién entra y sale del local". La formación independentista ha puesto todos esos movimientos en conocimiento del Departamento de Interior de la Generalitat, y ahora esperan "su respuesta".

La exdiputada, y actual concejala del municipio de Les (Lleida), ha comentado también que, ante el archivo de la denuncia interpuesta por la CUP contra el "asedio" a su sede de hace justo un año, están estudiando "las medidas legales a tomar para seguir acusando al Estado y su entorno judicial". "En los próximos días lo valoraremos con nuestros abogados y los de los represaliados. No permitiremos que el juzgado número 13 mienta y oculte que pusieron todo el poder del Estado para reprimir la disidencia", ha añadido.

"El sistema judicial está podrido"

Boya, asimismo, se toma con escepticismo la petición del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que dimita el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tras conocerse la filtración de correos electrónicos de jueces críticos con el procés. En sus escritos, entre otras cuestiones, llamaban "golpistas" a los dirigentes independentistas.

"Lo que se lee en esos mensajes es muy grave. Dice mucho de la ética profesional de los jueces. Es un problema estructural de la justicia española, y muestra el odio que tienen contra la disidencia política. No solo contra el independentismo", ha manifestado Boya. Por eso, según la exdiputada, "cambiar a Lesmes no solucionaría el problema. El problema es el sistema judicial, que está podrido y conectado con el resto de poderes del Estado -policía, medios de comunicación...-, que dan cobertura a estas prácticas corruptas".

Paluzie, entre los asistentes

En opinión de la exdiputada, en la actualidad existen "1.200 personas perseguidas por la justicia española. Con escuchas, espionajes y seguimientos. Ellos mismos rompen la base de la democracia y sus propias normas. No se puede tolerar".

La concentración de este jueves ante la sede de la CUP ha congregado a más de un centenar de personas, y ha contado con la presencia de la plana mayor del partido -Carles Riera, Eulàlia Reguant, Lluc Salellas, Gabriela Serra, Núria Gibert...- y de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, entre otros. Durante el acto, se dedicó un largo aplauso dedicado a la exdiputada Anna Gabriel, actualmente en Suiza.