El Govern aprobará su decreto sobre el catalán en la escuela este lunes

El Govern aprobará una nueva ley que regula las horas de catalán en las aulas de la autonomía este lunes, y lo hará por decreto. El Ejecutivo regional ha convocado una reunión de urgencia para dar trámite al decreto ley que arropará el nuevo texto lingüístico, que tiene como objetivo responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo de un 25% de clases en castellano en las escuelas de la región. 

Esa resolución del TSJC tiene como plazo máximo de ejecución el martes, 31 de mayo. Pero el gabinete de Pere Aragonès (ERC) no esperará a que se agote el tiempo dado por la justicia y reunirá de urgencia a los consellers este lunes para sacar adelante su decreto ley. Con ello, se esquivará y acelerará la vía parlamentaria, donde la ley pactada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem está varada porque Vox, Ciudadanos y PP la llevaron ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), una suerte de equivalente autonómico al Tribunal Constitucional. 

La ley, vigente el martes

Según han informado fuentes del Palau de la Generalitat a TV3, la reunión extraordinaria de consejeros --la ordinaria se celebra los martes de cada semana-- tendrá lugar a las 12:30 horas del lunes. El cónclave servirá para aprobar un decreto sobre la ley idiomática que regirá la cantidad de catalán y castellano en la escuela. El texto del Parlament lo acordaron independentistas, socialistas y comunes, aunque el PSC ya avanzó que no votarán el decreto que desarrolle la ley, si lo hay. 

Sea como fuere, la cumbre urgente de este lunes aprobará una pieza normativa y ésta entrará en vigor el martes 31, al publicarse previsiblemente en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Con ello, la nueva ley del catalán en las aulas entrará en vigor el mismo día en el que vence el plazo del TSJC para desplegar el 25% mínimo de castellano en las aulas, de obligado cumplimiento por sentencia judicial firme, aunque no contemplado en la nueva ley. 

'In extremis'

De este modo, el Govern se adelanta al límite dado por el TSJC a la Consejería catalana de Educación para que ejecute la sentencia de diciembre de 2020, ratificada por el Tribunal Supremo. A principios de mayo de este año, la segunda instancia judicial dio 15 días al Departamento de Josep Gonzàlez-Cambray para que active la resolución judicial. El conseller no se dio por aludido y avanzó que se estaba trabajando en la modificación de la ley de Política Lingüística de 1998, como finalmente ha ocurrido. 

La maniobra es arriesgada, porque los jueces del TSJC pidieron al Govern un resultado "tangible, efectivo e inmediato" para garantizar que al menos el 25% del contenido lectivo se imparta en castellano. Lo que es más, los togados recordaron a la Administración autonómica que "la elección del medio para garantizar el resultado que establece la sentencia es facultad de la Generalitat, pero lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional". Ese auto, no obstante, ha sido recurrido por el Ejecutivo de Aragonès. 

Respuesta: el castellano, "curricular"

Esa es la situación en el carril jurídico. Pero es que el Govern ha maniobrado más allá de su perímetro de apoyo para buscar un nuevo marco normativo que apacigüe el debate lingüístico en las aulas. La semana pasada, cuatro partidos, los republicanos, neoconvergentes, comunes y socialistas, anunciaron un acuerdo para la renovación de la ley del catalán de 1998. El texto aprobado a cuatro se fundamenta en dos supuestos: no habrá porcentajes de catalán y castellano en las aulas, y serán los "criterios pedagógicos" de cada centro quienes los fijen. Dependerá, pues, de la "situación singularizada" de cada escuela. 

De todos modos, la ley prevé que el castellano sea lengua "curricular" en los colegios de la región. El catalán, en cambio, queda como idioma "normalmente empleado y vehicular", mientras que se establece que el español tendrá una presencia "adecuada" en función de la "situación sociolingüística, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje". Ello ha sido leído como una concesión de los independentistas. No en vano, la CUP y los sindicatos secesionistas como Ustec o Intersindical se han descolgado del acuerdo, que ven como una cesión.