Vox, Cs y PP registran su petición para retrasar la ley del catalán en la escuela

Vox, Ciutadans (Cs) y el PP han registrado este jueves por la tarde en el Parlament su petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la ley del catalán en la escuela pactada por ERC, JxCat, PSC y En Comú Podem. Una solicitud que podría obligar a aplazar su aprobación este viernes y neutralizar así su efectividad antes que, el martes 31 de mayo, termine el plazo para ejecutar la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en el sistema educativo de la Generalitat.

En el texto, las tres formaciones sostienen que la proposición de ley vulnera los artículos 3.1, 3.2 y 27 de la Constitución y el artículo 6 y el 35 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 16 de diciembre del 2020 que acaba con el monolingüismo en catalán impuesto por la Generalitat en las tres últimas décadas.

Siete días hábiles de plazo

La Mesa del Parlament deberá reunirse para tramitar la petición de estos tres partidos para dictaminar si se ajusta al Estatuto y la Constitución, y se abrirá un plazo de siete días hábiles para que el CGE redacte su dictamen, por lo que previsiblemente retrasará la aprobación de la ley, que se iba a producir este viernes.

El Parlament aprobó ayer miércoles tramitar con la máxima urgencia dicha proposición de ley, con el apoyo de independentistas, socialistas y comuns, reconociendo el catalán como única "lengua vehicular" en las escuelas, relegando al castellano como lengua de "uso curricular", sin fijar los porcentajes mínimos de obligado cumplimiento por sentencia judicial firme, pretendiendo así dejar margen de decisión a los centros educativos.

El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del TSJC, que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia.

"Es inconstitucional"

Según el escrito registrado por Vox, Cs y PP, "la proposición de ley es inconstitucional y contraria a los dictados de los tribunales por no recoger el castellano como lengua vehicular y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular del castellano, en porcentaje no inferior al 25%".

"El deber de conocer el castellano está ligado al derecho a la educación", señalan los tres partidos, que consideran que "la expresa y torticera ambigüedad con la que la presente proposición de ley reconoce como lengua vehicular únicamente la lengua catalana choca frontalmente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional" (TC).

Los firmantes insisten en que "la interpretación que se hace en la presente proposición de ley sobre la no vehicularidad del castellano es manifiesta e injustificadamente contraria a lo resuelto por el TC", y avisa de que solo sería constitucional si "se garantizase el carácter vehicular del castellano", si se fijara esa vehicularidad en un mínimo de 25% de asignaturas troncales y si el tratamiento de las lenguas cooficiales en Cataluña "fuese igualitario, que no lo es".