El Gobierno investiga el coste del “exilio” de Puigdemont

¿Quién paga la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas? Esta es la pregunta que se hace la oposición política y muchos ciudadanos. Sobre todo si se tiene en cuenta que Puigdemont, al igual que sus consejeros, han sido cesados en aplicación del artículo 155 de la Constitución española y, por tanto, no pueden utilizar fondos públicos para viajar. De hecho, ya no disponen ni de tarjetas de crédito, ni de portátiles y móviles pagados por el Gobierno catalán. No obstante, en la órbita secesionista no se reconoce la intervención del Ejecutivo de Rajoy y se da por proclamada la República catalana.

Es precisamente el artículo 155 el que permite al Gobierno indagar respecto a ese tipo de partidas y si hay tentaciones de seguir actuando como consell executiu. El ejecutivo ha asumido la gestión de las finanzas catalanas con la finalidad de evitar que se utilicen con fines de propaganda independentista. Según ha podido saber Crónica Global, el Gobierno español ha analizado las cuentas del departamento de Economía para comprobar si se ha hecho algún pago relacionado con la estancia de Puigdemont en Bélgica, que comenzó el lunes y no se sabe hasta cuando se prolongará. Con él se desplazaron seis exconsejeros, de los cuales han regresado dos.

De momento, no se ha encontrado ningún gasto relativo a esa huida. Algunas fuentes apuntan a que ese viaje de Puigdemont podría estar financiado con los fondos públicos que recibe los eurodiputados Ramon Tremosa (PDeCAT) y Josep Maria Terricabras (ERC).