La plana mayor del independentismo comparece ante la justicia

El presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 exconsejeros, están citados hoy y mañana en la Audiencia Nacional (AN), mientras que la presidenta del Parlament disuelto, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, están convocados ante el Tribunal Supremo (TS).

Todos ellos están investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por su responsabilidad en la declaración unilateral de independencia (DUI) proclamada el viernes pasado, 27 de octubre, en el Parlamento de Cataluña.

La DUI fue respondida de forma inmediata por el Gobierno con la activación del artículo 155 de la Constitución --que había aprobado horas antes por el Senado y que supuso el cese del Govern al completo, la disolución del Parlament y la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 21D--. Además, la Fiscalía interpuso el lunes sendas querellas ante el TS y la AN; unas querellas que, tras ser aceptadas el martes, han derivado en las citaciones de hoy y mañana.

Puigdemont y cuatro exconsejeros, en rebeldía

Sin embargo, no todos los citados tienen previsto comparecer ante los tribunales. Sí lo harán Forcadell y los cinco miembros de la Mesa, pero el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros ya han anunciado que permanecerán en Bélgica, adonde corrieron a refugiarse el lunes en una huida sin precedentes y que ha supuesto un giro insólito en el denominado procés.

Los exconsejeros que han decidido dar plantón a la jueza de la AN Carmen Lamela son Meritxell Borràs (Gobernación), Clara Ponsatí (Enseñanza), Toni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura).

La justificación de la fuga: "Un juicio político"

Para justificar su negativa a atender la orden de la justicia y permanecer en Bruselas, Puigdemont ha argumentado que el proceso judicial abierto no tiene las “garantías jurídicas” suficientes para ser considerado “un juicio justo”. De hecho, lo ha llegado a calificar de “juicio político”.

Así lo ha señalado por varias vías en los últimos días. En primer lugar, durante la rueda de prensa el martes al mediodía desde Bruselas. Posteriormente, a través de su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. También con las declaraciones de un segundo letrado contratado en Bélgica, Paul Bekaert, especialista en cuestiones de extradición y conocido por defender a terroristas etarras desde hace años. Y, finalmente, mediante un comunicado difundido el martes, que firma un supuesto “Govern legítimo de la Generalitat de Cataluña”.

Hasta 30 años de cárcel

Lo cierto es que Puigdemont, Junqueras, el resto de exconsejeros del Govern, Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del Parlament disuelto se enfrentan a acusaciones por delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de reclusión.

Además, la justicia podría adoptar medidas cautelares tras tomarles declaración. Entre ellas, la prisión preventiva, tal y como ocurrió hace dos semanas con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en ese caso, acusados de sedición, y también por la magistrada Lamela.

Fianza de 6,2 millones

Cabe recordar que la juez acordó también fijar a Puigdemont y los exconsejeros autonómicos una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar entre hoy y mañana, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.

Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum independentista del 1-O, que posteriormente fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Extradición

Ante la anunciada incomparecencia de varios de los investigados, Lamela, probablemente, responderá con el envío de una orden europea de detención a la justicia belga.

Sin embargo, Bekaert ya ha anunciado que impugnará cualquier petición de extradición de Puigdemont que se emita, lo que podría alargar el proceso por un tiempo indeterminado, pues será la justicia belga la que decida al respecto. En ese sentido, el letrado del expresident ha propuesto que este declare por videoconferencia desde Bélgica.

Daños colaterales

Por otra parte, la huida de Puigdemont y varios exconsejeros a Bélgica y su negativa a acatar las citaciones judiciales pueden tener un efecto muy negativo en la suerte de los otros investigados. De hecho, la Fiscalía estudia pedir prisión incondicional para todos ellos, dada la gravedad de las penas, la reiteración delictiva y, dada la actitud de los huidos, el evidente riesgo de fuga.

Así lo ha entendido también Joan Josep Nuet (CSQP), uno de los miembros de la Mesa del Parlament disuelto que está citado a declarar hoy.  "La actitud de Puigdemont puede hacer que las personas que estén mañana citadas acaben en prisión preventiva, porque de alguna forma está mostrando el camino de que escaparse es posible. Es un verdadero despropósito y una verdadera irresponsabilidad", ha declarado Nuet a los medios. Y ha añadido: "Cuando la justicia te cita, debes acudir, debes dar la cara".

Otros destacados políticos, en cambio, opinan lo contrario. Es el caso del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens, quien ha sostenido que la jugada de Puigdemont dificulta que la justicia adopte medidas cautelares de prisión. Asens considera que, la marcha del presidente cesado a Bruselas “internacionaliza el conflicto” y los jueces belgas “difícilmente entenderán que se encarcele a un Govern escogido en las urnas”, por lo que, si estos dan la razón a Puigdemont, afectará a la “credibilidad” de la justicia española.

En todo caso, la incógnita se desvelará a partir de las 9 de la mañana, hora en la que están citados los primeros investigados.