Colau retira las ordenanzas fiscales del pleno por falta de apoyo

Vuelven a encallarse las cuentas de la capital catalana. El gobierno municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha retirado la aprobación de las ordenanzas fiscales propuestas por el ejecutivo de Ada Colau de la orden del día del pleno municipal de octubre, que se celebra este jueves.

La “situación excepcional que vive el país” es el argumento más escuchado de un tiempo a esta parte y es, precisamente, en el que la alcaldesa de Barcelona se basó para posponer la sesión de hoy, que tenía que haberse celebrado el viernes de la semana pasada. Pero una propuesta de los partidos independentistas (ERC y PDeCAT) desembocó en un pleno extraordinario --en el que se rechazó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y la encarcelación de los Jordis-- que acabó desbancando el ordinario.

Suspendida la comisión

La líder de Barcelona en Comú también frenó la actividad municipal económica a mitad de mes, cuando suspendió la comisión de Economía y Hacienda que tendría que haberse celebrado el pasado miércoles 18 de octubre. Una sesión en la que iba a debatirse sobre aspectos relevantes como las ordenanzas fiscales.

Tenía que haberse votado la aprobación de la modificación del ejercicio de 2018 y sucesivos de ordenanzas como el impuesto sobre bienes inmuebles; sobre vehículos de tracción mecánica; sobre actividades económicas; sobre construcciones, instalaciones y obras, y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

También las tasas de alcantarillado; prestaciones de la Guardia Urbana; servicios de cementerios y cremación; servicios de registro, prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía; servicios culturales y servicios de alumbrado público, entre otros.

Sin ordenanzas fiscales

Sin embargo, Colau no cuenta con la mayoría de los votos necesarios para la aprobación, por lo que ha decidido retirarlo de la orden del día. Todos los grupos de la oposición recibieron un correo electrónico de la Secretaría General del consistorio barcelonés en el que les alertaban de que se retiraba el punto “en ejercicio de las facultades que otorga el artículo número 80 del ROM (Reglamento Orgánico Municipal)”.