La Generalitat recurre el decreto del ingreso mínimo vital del Gobierno

La Generalitat ha aprobado este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra diferentes artículos del Real Decreto ley de creación del ingreso mínimo vital (IMV) del Gobierno, después de que su propio Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya concluido que vulneran competencias del Estatut.

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha explicado que las negociaciones con el Gobierno no permitieron llegar a un acuerdo, y por ello el Ejecutivo independentista ha decidido interponer dicho recurso, dado que el plazo para poder hacerlo termina el 3 de marzo.

"No tendrá impacto negativo"

La dirigente de JxCat también ha precisado que la decisión de presentar este recurso no tendrá "ningún impacto negativo en la ciudadanía porque no frena la gestión de la prestación".

Según Budó, el Estatut regula la competencia "exclusiva" de la Generalitat en materia de servicios sociales, como la regulación y la ordenación de la actividad de dichos servicios, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de previsión pública.

La mandataria posconvergente también ha dicho que Cataluña tiene la competencia exclusiva en el ámbito de las prestaciones sociales, por lo que consideran que el IMV debe coordinarse con el sistema de protección social de Cataluña y con la renta garantizada de ciudadanía.

Críticas al Gobierno

Budó ha acusado al Gobierno de dar "un paso en falso al ignorar que el Estatut establece que el Govern reconoce y gestiona en exclusiva las pensiones no contributivas".

La portavoz y consellera de Presidencia de la Generalitat --por cuyo cargo percibe un salario de más de 115.000 euros públicos anuales, más que el presidente del Gobierno-- ha acusado este martes al PSOE y al PP de conservar una "pulsión contra la autonomía de Cataluña" que entronca con el "espíritu involucionista" que inspiró el golpe de Estado del 23F, una fecha en la que hoy no ve nada que "celebrar".

"Ataque involucionista"

Tras la reunión del Govern, Budó ha recordado que "el ataque involucionista a la incipiente democratización del Estado español no prosperó" el 23F de 1981 y "su fracaso consolidó definitivamente la transición" en España y el "fin de su aislamiento internacional", pero "el espíritu involucionista que animaba a los golpistas no desapareció y ha emergido muchas veces desde aquel momento".

"A lo largo de todos estos años hemos visto cómo los diferentes poderes del Estado y los dos principales partidos españoles han conservado esa pulsión contra la autonomía de Cataluña y contra el derecho de los catalanes a decidir por sí mismos", ha denunciado.

"Nada que celebrar" en el 23F

Para Budó, este 23 de febrero --día en que se conmemora el 40º aniversario del fracaso de golpe de Estado en el Congreso-- no hay "motivos para celebrar ni conmemorar nada" y, de hecho, JxCat y ERC "no participarán en ninguno de los actos previstos" para recordar los sucesos de 1981.

La ausencia de las fuerzas independentistas en los actos oficiales del 23F no se debe, ha asegurado, a su cuestionamiento del papel que jugó el rey Juan Carlos I ni a la "participación de determinadas autoridades en los actos de hoy".

"Derecho de autodeterminación"

"Se trata de un problema estructural, no resuelto, el conflicto político entre el Estado español y Cataluña, que debe solucionarse desde la vía política. Admitir este conflicto, reconocer el derecho de autodeterminación y aprobar una ley de amnistía sería una verdadera conmemoración de un Estado que quiere ser plenamente democrático", ha recalcado, acerca de un derecho que la propia Unión Europea solo reconoce a las colonias, y fuera del continente.

La mandataria posconvergente, asimismo ha denunciado que este mismo martes, en el Parlamento Europeo, "el PSOE se sumará a Vox, el PP y Cs para levantar la inmunidad" de los eurodiputados de JxCat, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, fugados de la justicia por el referéndum ilegal de secesión del 1-O y la declaración unilateral de Cataluña de octubre de 2017.