Las fuerzas de la Guardia Civil en Cataluña vieron el 155 como el fin de la "insurrección"

"Insurrección", "terror total", "asedio", "escraches" e "insultos" son algunas de las palabras que se han repetido estos días en el Tribunal Supremo con la declaración de los guardias civiles llamados a testificar por el juicio del procés.

Los agentes del Instituto Armado estuvieron en Cataluña en el llamado otoño caliente de 2017, con el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. Muchos de ellos han señalado la intervención de la autonomía en virtud del artículo 155 de la Constitución como punto de inflexión para que se recuperase la normalidad institucional, dada la pasividad de los Mossos ante la multitud.

Triángulo Govern, 'mossos' y masa

El último jefe de la Guardia Civil en declarar hasta la fecha, Daniel Baena, encargado de la policía judicial en la investigación por el referéndum del 1-O, habló de un "periodo insurreccional" que solo finalizó el 27 de octubre, tras la declaración unilateral de independencia (DUI) que dio pie a la aplicación del artículo de la Ley Fundamental. 

Baena, además, aseguró que los insultos contra la Guardia Civil se iniciaron en paralelo con la aprobación el 6 y 7 de septiembre de las llamadas leyes de desconexión en el Parlament. Este intento de subvertir el orden constitucional allanó, a su juicio, el terreno para que las fuerzas de seguridad del Estado fueran tildadas con mayor impunidad de "fuerzas de ocupación" y recibieran insultos y escraches en distintos puntos del territorio.

Pasividad de los Mossos

En su momento, el responsable de la Guardia Civil de los registros en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 también se refirió a "unos 25" conflictos de acoso a acuartelamientos de la Guardia Civil en Cataluña y a "escraches" a policías llegados a la región para intervenir en el dispositivo del 1-O. De acuerdo con su testimonio, estos "enfrentamientos" solo llegaron a su fin con el 155.

En esta situación de desprotección que retratan tuvo mucho que ver, según sus testimonios, la pasividad de los Mossos a confrontarse con la "masa". El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos identificó al exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero como responsable directo de esta conducta que solo "aparentaba" cumplir con la orden judicial.

Posteriormente a su declaración, algunos de los inferiores del coronel también destacaron el papel de la intendente Teresa Laplana y la acusaron de plegarse a las "órdenes" del entonces líder de la ANC Jordi Sánchez durante el episodio ante el Departamento de Economía.

A los pies de los caballos

Las declaraciones en el Supremo del exjefe de Gobierno Mariano Rajoy y de su entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido tampoco contribuyeron a dirimir la responsabilidad de los dirigentes en su supervisión de los dispositivos policiales que intervinieron en Cataluña. Fue el ex número dos de Interior Juan Antonio Nieto el que defendió la actuación policial de Guardia Civil y Policía Nacional y acusó al Govern de buscar el "choque violento" entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad del Estado. 

En su momento vimos a los mossos que han pasado por el Supremo cerrar filas contra el Govern. Ahora, los guardias civiles defienden su actuación y reflejan un desamparo institucional y de sus compañeros de la policía autonómica que solo se solventó con el artículo 155 de la Constitución.