El Constitucional busca un consenso que no deje en evidencia al Gobierno

El pleno del Tribunal Constitucional intenta desde el mediodía encontrar el consenso necesario para contestar al recurso que ha presentado el Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura sin dejar en evidencia al Ejecutivo. Tal y como ha recordado el magistrado ponente, Juan Antonio Xiol, a lo largo de toda la mañana del encuentro extraordinario, existen argumentos legales para inadmitirlo.

También los han remarcado el cuerpo de letrados del alto tribunal. Coinciden con las conclusiones del dictamen emitido por el Consejo de Estado este jueves, en el que señalaban que el carácter preventivo de la medida solicitada propicia que no pueda prosperar.

Debate intenso

Con todo, Xiol ha discrepado en algún punto de la argumentación de los expertos legales. Comparte el fondo, pero considera que existe materia para el largo debate que se mantiene en la institución. El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, suspendió la sesión este mediodía a sabiendas de que la discusión iba para largo.

Cabe tener en cuenta que se ha filtrado que los 11 magistrados ponentes quieren hacer uso de su palabra y dar su punto de vista. Sólo ha faltado a la sesión extraordinaria Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho. El juez conservador tiene problemas de salud.

Aviso de la CUP

La reunión se aborda con posturas divididas. El objetivo del presidente es mantener la unanimidad de las decisiones que se han tomado en el marco del proceso independentista catalán, aunque se deberá ahondar en las fórmulas intermedias que propicien el consenso que no existe. Se da la circunstancia de que el propio Consejo de Estado se apoyó en la doctrina del Constitucional para decidir que el momento elegido por el Gobierno no es el adecuado.

Donde no hay discusión es en considerar que la investidura a distancia no es posible. 

Si se admitiera a trámite el recurso, el pleno de investidura convocada para el próximo martes a las 15 horas quedaría en suspenso. La CUP ya ha exigido a JxCat y ERC que desobedezcan la decisión del Constitucional, hecho que tendría consecuencias legales para el presidente del Parlament, Roger Torrent, y para los miembros de la Mesa de la cámara que decidieran mantener la sesión. En este caso, los antisistema amenazan con retirar el voto favorable a un candidato alternativo. El pulso sigue vivo.