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Inés Arrimadas (i), líder de la oposición en Cataluña, junto a Albert Rivera (d), presidente de Ciudadanos / EFE

Arrimadas: "El Govern es hipócrita por multar solo a los que quitan lazos"

La líder de la oposición en Cataluña lamenta que los Mossos d'Esquadra "sancionen a los que retiran símbolos políticos y no a los que los ponen"

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Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha criticado hoy martes, 21 de agosto, la "hipocresía" del Gobierno catalán por "multar a las personas que quitan lazos amarillos" del espacio público. La también jefa de la oposición en la región ha lamentado que los Mossos d'Esquadra "sancionen a los que retiran símbolos políticos y no a los que los ponen" por orden del Govern.

En una entrevista en la emisora de radio RAC1, la también diputada en el Parlamento catalán ha recordado que la labor de impedir que se "patrimonialice el espacio público" es "de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos", no de los ciudadanos. No obstante, si las instituciones no lo hacen, "nosotros sí limpiaremos los lugares comunes de plástico que, por cierto, es muy contaminante. Y en vías rodadas como autopistas es una cuestión de seguridad".

"Es una infracción administrativa"

Arrimadas ha agregado que la colocación de símbolos independentistas en las calles "puede no ser delito, pero sí una infracción administrativa", en relación a las palabras de la fiscal general del estado, que negó ayer lunes que poblar la vía pública de lazos, o retirarlos, "no es delito". Para la líder de Ciudadanos en el hemiciclo catalán, colocar lazos pro políticos presos del espacio público "es como conducir sin ponerse el cinturón: no es delito, pero puede ser una infracción". Por ello han pedido la comparecencia del consejero catalán de Interior, Miquel Buch, por las multas a los activistas antilazos.

Ello se produce, según la electa del partido naranja, porque "la sociedad catalana está partida en dos, y el Gobierno catalán actúa sin contentar a ninguna de las dos mitades de la población". Bajo su punto de vista, el ambiente en la autonomía "está calentado y la sociedad, dividida". Por ello ve "hipócrita identificar a los que retiran lazos amarillos y no a los que los ponen".

"El videojuego del procés"

En referencia al estado de la política en Cataluña, Arrimadas ha conminado a los independentistas a "quedarse en su videojuego del procés", una realidad digital en la que "Cataluña es independiente y la reconoce la Unión Europea". Por contra, "la mayoría de la sociedad catalana" debería abordar problemas como las listas de espera en salud, la infrafinanciación de las guarderías o el elevado volumen de catalanes que espera un recurso en virtud de la Ley de Dependencia.

Precisamente, la líder de Ciudadanos en Cataluña ha lamentado que "los secesionistas hayan cerrado el Parlament hasta septiembre", impidiendo mantener debates sociales como los citados. "Tanto que querían levantar el artículo 155 en la región y ahora dejan la cámara catalana sin actividad en verano", ha lamentado Arrimadas. Con respecto a volver a aplicar la intervención de la autonomía, la diputada del partido naranja ha abogado por "enviar un requerimiento al presidente catalán Quim Torra para preguntarle si cumplirá la Constitución. Si no lo hace, se deberían tomar medidas", citando las palabras del president el 17 de agosto, en las que emplazaba a los independentistas a "atacar al Estado".

La fiscal general se inhibe

Las declaraciones de Arrimadas llegan un día después de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, señalara que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" símbolos políticos en el espacio público. La letrada valoró ayer lunes que estas acttitudes "forman parte de la libertad de expresión", aclarando que "no juzgaba la legislación, sino sobre su aplicación".

De este modo respondió Segarra a una pregunta sobre la multa de la Generalitat de Cataluña a un grupo de personas que retiraba lazos amarillos en la zona de Tarragona este fin de semana. Las sanciones a los activistas por la neutralidad del espacio público podrían llegar a los 30.000 euros en virtud de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza.