El Govern de Torra reconoce la fuga de depósitos que provocó el ‘procés’

El Gobierno de la Generalitat ha reconocido este verano por primera vez la fuga de depósitos que tuvo lugar en Cataluña a finales de 2017 por la inseguridad jurídica del procés. Lo hace la consejería de Economía, dirigida por Pere Aragonès (ERC), en el último informe de coyuntura que ha publicado.

Hasta la fecha, los partidos independentistas en el Govern se habían resistido a reconocer que la tensión política de octubre y los planes de secesión que impulsaron propiciaron que los catalanes abrieran las ya famosas cuentas espejo para llevar sus ahorros a otras oficinas fuera de la comunidad. Estos movimientos financieros se dispararon tras las sesiones parlamentarias de septiembre en las que se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad. Es decir, las que llevaban a la ruptura unilateral con España.

Pérdida de 35.000 millones

El efecto económico en las cuentas privadas fue una “disminución de los depósitos bancarios del sector privado residente a Cataluña del 17,3%, mientras que a escala estatal crecieron el 0,5%”, tal y como indica el informe de Economía. Los datos registrados por el Banco de España que, en cifras absolutas, implica que se perdieran 35.000 millones de euros. El 20% del total de los depósitos actuales, tal y como indica El Confidencial.

“Por el mismo motivo y en tasas interanuales”, incide el redactado, “el primer trimestre del año, los depósitos bancarios del sector privado residente en Cataluña caen el 17,1% en contraste con el 0,0% al conjunto del Estado”.

Comunidades receptoras

¿Qué efectos prácticos tiene sobre la economía territorial? El propio informe lo detalla: “Si un cliente traslada sus depósitos a una sucursal bancaria fuera de Cataluña, estadísticamente ese depósitos deja de estar registrado en Cataluña”. Se lo apunta la “comunidad autónoma en el que radica la sucursal bancaria de destinación”.

En este caso, la fuga de depósitos por el miedo a las consecuencias de la independencia engrosó la actividad de las oficinas de Aragón, Castellón e Islas Baleares, principalmente. Aunque los fondos también fueron a parar a Madrid, especialmente los vinculados a la actividad empresarial por otra salida que se dio a raíz del procés. La de sedes sociales de empresas.

Restar importancia

A pesar de reconocer por primera vez que en la última mitad de 2017 y en el inicio del ejercicio en curso las sucursales bancarias catalanas han perdido fondos de gestión de forma inusual e inaudita, el Govern de Quim Torra se resiste a vincular este fenómeno a los movimientos políticos. En el informe de coyuntura publicado, sencillamente no hace referencia en ningún momento a los motivos que han propiciado la situación.

El Ejecutivo catalán resta importancia al considerarlo un mero “efecto estadístico”. Tanto este fenómeno como la fuga de empresas, que ha provocado que el stock de crédito en los balances de las entidades de depósito catalanas “se viera fuertemente reducido durante 2017”. Concretamente, del 8,1% respecto al 1,9% en el conjunto del país.

“La territorialización que hacen las entidades financieras se realiza en función de la sede social del deudor y si esta cambia durante el año, el crédito pasa a contabilizarse donde es la nueva sede”, afirma Economía en su informe. De nuevo, sin ninguna mención al escenario político que ha propiciado esta situación.