La "dimisión inmediata" de Vicent Sanchis y Saül Gordillo. Esto es lo que ha pedido hoy sábado el PP, después de que ayer se conociera que los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio han sido citados a declarar en calidad de investigados en la causa por la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha exigido que Sanchis y Gordillo dejen sus cargos, ya que su condición de imputados es "incompatible" con sus cargos públicos. Bajo su punto de vista, la situación procesal de los dos periodistas es "muy grave". Ha abundado en ello Levy recordando que "se constata el uso fraudulento que hacen de los medios públicos que pagan todos los catalanes y solo sintonizan ya aquellos que son independentistas".
"Falta de imparcialidad"
La valoración de la dirigente popular ha llegado horas después de trascender que los dos directivos deberán comparecer ante el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sala que investiga la preparación de la consulta ilegal y el órdago secesionista de 2017. Sanchis y Gordillo deberán dar explicaciones igual que las dio Núria Llorach, presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), por la difusión de los anuncios del 1-O pese a que la cita electoral había sido prohibida por el Tribunal Constitucional (TC).
Miembros de los CDR entrevistados en directo en el programa 'FAQs' de TV3 / CCMA
Miembros de los CDR entrevistados en directo en el programa 'FAQs' de TV3 / CCMA
En opinión de la también diputada en el Parlament, la citación judicial de los máximos ejecutivos de TV3 y Catalunya Ràdio es un ejemplo de "la falta de imparcialidad y neutralidad de los medios públicos catalanes, que están al servicio del Govern y de la causa independentista".
Ley del Parlament
Además de Sanchis y Gordillo, el juez instructor de la sala de Primera Instancia número 13 ha citado a Àngels Barberà, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) para el mismo día. Está por ver si los tres cargos públicos declararán lo mismo que Núria Llorach, que se defendió ante el magistrado alegando que los medios de comunicación públicos catalanes divulgaron la publicidad prohibida del 1-O "con arreglo a una ley del Parlament".
Cualquiera los pretextos que den los directivos, Andrea Levy ha instado hoy a la consejera catalana de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, a "destituirles con carácter inmediato". La dirigente popular ha avisado de que presentará una pregunta al Ejecutivo autonómico de Quim Torra para conocer si el president ve "ético mantenerlos en el cargo tras la imputación" y cómo piensa "frenar la manipulación" en TV3 y Catalunya Ràdio.