El Gobierno sopesa rebajar a sedición los delitos del 'procés'

El Gobierno estudia rebajar a sedición los delitos del proceso independentista en Cataluña. El Ejecutivo descartaría el tipo penal de rebelión para los independentistas presos por organizar el referéndum ilegal de secesión y la posterior declaración unilateral de independencia frustrada (DUI) de 2017. Ello conllevaría aceptar que no hubo violencia durante el procés y, a la vez, hacer un gesto para que los secesionistas permitan al equipo de Pedro Sánchez en la Moncloa aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que dependen de Podemos, PNV, PDeCAT y ERC.

Según informa El Confidencial, la pata del Gobierno en el macroproceso que instruye el Tribunal Supremo por el órdago independentista del año pasado estudió acusar solo por malversación a los líderes del proceso secesionista, con el argumento de que está en la causa en representación de la Agencia Tributaria, pero habría cambiado de parecer. La Abogacía, que depende del Ministerio de Justicia, querría acusar ahora a los dirigentes independentistas de sedición, un delito mucho menos grave que la rebelión. Con ello aceptaría el trágala simbólico de que no hubo violencia en el desafío independentista de 2017 a cambio de facilitar la aprobación de las cuentas generales del Gobierno para 2019 con los votos, entre otros, de PDeCAT y ERC.

Gesto del Gobierno

En un contexto en el que al menos dos partes del macrojuicio por el procés en Cataluña son independientes y autónomos del poder político, esto es, la judicatura y la Fiscalía General del Estado, el Gobierno solo podría intervenir en la causa mediante la Abogacía del Estado, jerárquicamente vinculado al Ministerio de Justicia. Mediante esta parte podría el Ejecutivo hacer un gesto hacia los independentistas para que se rebaje el tipo penal del que se les acusa. Cabe recordar que el delito de rebelión lleva aparejadas penas de cárcel de hasta 30 años de reclusión. La sedición es un delito mucho menor.

La fiscal general del Estado, María José Segarra / EFE

La fiscal general del Estado, María José Segarra / EFE

Cabe recordar que la Abogacía del Estado se personó en la causa en febrero en nombre de la Agencia Tributaria. El organismo entró en el proceso para acusar a los dirigentes secesionistas de malversación, un delito penado con hasta doce años de prisión. Así pues, su rol hasta ahora ha sido secundario, pues los acusados se enfrentan a delitos mucho más graves, ya que la Fiscalía y la acusación particular, que pilota Vox, piden la condena por rebelión.

El escenario estaría mutando en estos momentos. El Gobierno buscaría que el Abogado del Estado entrara en el fondo de la causa y acusara de sedición a los investigados. Ello significaría que las acusaciones bajan un escalón: el prófugo Carles Puigdemont o el reo Oriol Junqueras, entre otros, se enfrentarían a penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

Concitar el consenso de los 'indepes'

El movimiento del Gobierno tendría un objetivo claro: responder a las peticiones de los partidos independentistas como el PDeCAT y ERC respetando al mismo tiempo la independencia y autonomía judicial. El cambio de criterio de la Abogacía del Estado sería un signo de peso en esta dirección. Con ello se daría también respuesta a la petición que verbalizó el secretario general de Podemos y electo de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ante la prisión de Lledoners (Barcelona) el pasado 19 de octubre. El líder del partido morado subrayó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, le había trasladado durante una visita al presidio que ERC no daría apoyo a los presupuestos de 2019 si el Ejecutivo no movía su postura. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora, como dijo Pedro Sánchez, le toca al Gobierno moverse", remachó Iglesias.

Un cambio de criterio en una parte del proceso que hasta ahora había sido secundaria chocaría de frente con la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que apuesta por pedir una condena por rebelión para Oriol Junqueras como líder del intento de sublevación secesionista. Ello supondría una condena en torno a los 20 años para Junqueras y de 15 años para el resto de investigados. En cualquier caso, la posición de todas las partes no tardará en confirmarse. El auto de apertura del juicio oral se prevé para esta misma semana. Con este trámite, el ministerio público y la Abogacía del Estado presentarán sus escritos de acusación. La Fiscalía prevé hacerlo antes del Puente de Todos los Santos, que arranca el jueves 1 de noviembre.