Expectación en torno al escrito de la Fiscalía sobre los procesados por la intentona secesionista. Según la prensa editada en Madrid, les cae la del pulpo con rebelión; según la de Barcelona, el cargo de rebelión es en su categoría suavizada, la forma previa al uso de armas no propagandísticas. Así, La Vanguardia titula "La Fiscalía pedirá rebelión por el 1-O, sin la pena más dura" y El Periódico, "La Fiscalía renuncia a pedir las penas máximas por rebelión".
En cambio, las tintas madrileñas acentúan los perfiles severos de las condenas previstas en los delitos que esbozan los fiscales. En el ABC señalan además en portada que "La Fiscalía apunta a Junqueras como líder de la rebelión". Se debe a la condición de prófugo de la justicia española de Carles Puigdemont. De la crónica del diario capitalino que firma Nati Villanueva: "El Ministerio Público tiene ya prácticamente ultimado su escrito de acusación, que se dirigirá contra 18 de los 25 dirigentes independentistas que fueron procesados por el juez Pablo Llarena. Salvo imposición en contrario por parte de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, los cuatro fiscales del caso tienen previsto acusar a nueve de ellos por rebelión, en seis casos en su modalidad agravada, al absorber la rebelión el delito de malversación que se imputa a todos los miembros del gobierno autonómico. Se trata del exvicepresidente Oriol Junqueras, quien se enfrentaría a penas de 25 a 30 años por la posición de liderazgo que ocupaba respecto a los demás, y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para los que se podrían pedir penas de entre 15 y 25 años. Todos ellos se encuentran en este momento en prisión preventiva".
Sigue la pieza: "Siempre según el borrador de los fiscales del caso, otro grupo de procesados serán acusados por el tipo básico de la rebelión (sin malversación): Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, si bien las penas solicitadas para los dos últimos podrían variar si finalmente se les considera jefes (15-25 años), mandos subalternos (10-15 años) o simples partícipes (5-10 años) en la revuelta secesionista ilegal".
No parece, contra la versión periodística catalana de la cosa, que la Fiscalía se haya cortado un pelo. Al hilo escribe Beatriz Parera en El Confidencial que "los argumentos que maneja el equipo fiscal demuestran que las presiones desde la política no han hecho mella en su convicción de que los hechos encajan con lo que recoge el artículo 472 y siguientes del Código Penal. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros supuestos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La malversación de caudales públicos, que supera con creces los tres millones de euros, pesará como agravante".
Aún cabe la posibilidad de que el juicio no se lleve a cabo, que es a lo que apunta el exjuez de la Audiencia Nacional Elpidio Silva, entrevistado por Aida Morales en Nació Digital. Dice Silva que "si los abogados están a la altura, el juicio del 1-O no se celebrará". Parece una extravagancia. De la entrevista:
-Comentaba que está seguro de que no se celebrará el juicio. ¿Pero eso es viable?
-Yo creo que al final todo el mundo acabará entendiendo que no es conveniente celebrar el juicio. Pocas veces ha estado tan claro como ahora que la marca de la justicia española produce desprestigio, es decir, que cualquier asunto donde la marca de legitimidad y calidad sea la justicia española crea desconfianza. ¿Cuál es el mayor obstáculo hoy? La misma justicia española. Todo esto no lo entiende nadie en España y en Europa aún menos.
Por si acaso, que no se confíen los letrados de los procesados, ya que el día menos pensado se fija fecha para el comienzo de la vista. Dado el interés público y mediático se debería ponderar la posibilidad de celebrar el juicio en un polideportivo o recinto de similares características.
En El Español, Daniel Ramírez entrevista a Miguel Ángel Aguilar a cuenta de su último libro, Silla de pista (Planeta 2018). Afirma el periodista respecto del juicio que "si el golpe de Cataluña no trae condenas, habrá otro mucho más grave". De la entrevista:
-¿Junqueras es un político preso o un preso político?
-Un político preso. No puede ser que se instale la impunidad. Las cosas tienen consecuencias, la realidad pesa, no podemos abolir la gravitación universal. Eso sólo existe en los laboratorios de la Nasa. Tuvimos golpe el 23 de febrero de 1981 porque las intentonas previas se saldaron con condenas ridículas. El presidente del Consejo Militar dijo sobre la operación Galaxia: “Son charlas de café”. Si el golpe en Cataluña no trae consecuencias penales, habrá otro mucho más grave.
En El País, su directora, Soledad Gallego-Díaz entrevista a Felipe González, que aboga por una reforma constitucional. Sermón de Felipe a los confusos: "Hay una cosa que está super probada, la validez de la Constitución que nos rige desde hace 40 años. Otra cosa es que nos movamos en esa cosa tan española de que las Constituciones o no se tocan o se liquidan. Pero estos 40 años han demostrado que es perfectamente posible convivir institucionalmente con esa Constitución, facilitando la alternancia entre propuestas que son completamente distintas. El debilitamiento institucional probablemente se aceleraría o acelerará, si no somos capaces de mantener un espíritu reformista y nos quedamos atrapados entre liquidacionistas e inmovilistas. Éstos últimos dicen que mientras exista un problema en Cataluña no debemos intentar reformar la Constitución. O que no hay consenso para intentar reformar el texto, aunque pueda parecer necesario e incluso evidente en algunos casos. Yo creo exactamente lo contrario. Tendríamos que poder ponernos de acuerdo en hacer las reformas que necesitemos, sin una dependencia directa de un desafío de una parte de Cataluña, que se expresa en el independentismo. Y, por cierto, menuda forma de golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña, no el 1 de octubre, sino el 6 y 7 de septiembre".
A todas estas, Quim Torra alcanzó ayer con éxito la cima del Puigsacalm, desde donde liberó a un xoriguer.
El horizonte penal de la rebelión
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