Llarena rechaza la extradición de Puigdemont solo por malversación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este jueves la extradición de Carles Puigdemont solo por malversación de fondos públicos. La justicia alemana aprobó la entrega por este delito pero negó la existencia de rebelión. El magistrado, que dio por finalizada la instrucción de la causa por el procés hace dos semanas, lo ha hecho con la retirada de la euroorden contra el expresidente de la Generalitat.

También ha desactivado la orden de detención internacional que había sobre los demás consejeros que huyeron a países europeos: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Esto significa que continuarán en libertad pero si pisan territorio español, donde existe todavía una orden de detención, serán arrestados. 

20 años fuera de España

En este sentido, Llarena se refiere a la negativa de Bélgica de entregar a Comín, Serret y Puig. En ese caso, el tribunal blega consideró que el auto de procesamiento del Supremo no era a su vez una orden de detención nacional. Para activar la euroorden es necesario que antes se haya activado una orden de arresto en territorio nacional. 

La decisión de Llarena abre la posibilidad a que los políticos que huyeron y se encuentran en el extranjero pasen 20 años con libertad de movimiento internacional pero sin poder volver a España, ya que serían automáticamente detenidos. Pasado este tiempo, el presunto delito de rebelión habría prescrito. 

"Falta de compromiso"

Llarena critica en su auto la actuación del Tribunal de Schleswig-Holstein, a la que acusa de "falta de compromiso" con unos hechos que "podrían haber quebrantado el orden constitucional español". El juez considera que la justicia alemana ha "anticipado un enjuiciamiento" con la decisión de no entregar a Puigdemont por un presunto delito de rebelión "sin sujetarse" a las normas que regulan las euroórdenes. Lo hace, añade, "desde un posicionamiento desacertado".

Sus críticas hacia el tribunal alemán no terminan aquí. El juez argumenta que para rechazar la extradición por rebelión, se ha tomado la declaración de Puigdemont como prueba. Sin embargo, indica, no ha tenido acceso al "resto de fuentes de prueba recogidas en la extensa instrucción" del Supremo. 

Una cuestión prejudicial

En auto considera que los jueces alemanes deberían haber presentado una "cuestión prejudicial" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al haberse producido una discrepancia entre la Fiscalía --que solicitó la extradición por ambos delitos igual que el juez Llarena-- y el Tribunal. Existían, además, dudas sobre la interpretación de la euroorden, una norma comunitaria sobre la que también habría cabido la cuestión prejudicial, según Llarena.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha calificado de "gran éxito" la decisión. Cree que lo ha hecho para "evitar un varapalo" de la justicia europea. Ahora, lo más "lógico" es que regrese a Waterloo (Bélgica), donde alquiló una casa, ya que quedan anuladas las medidas cautelares que pesaban sobre Pigdemont y lo impedían salir de Alemania.