Es de bien nacidos ser agradecidos. Francesc Xavier Grau lo es. Asumió el cargo de secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat en el verano de 2018, gracias a la purga que la Consejería de Empresa, en manos de los neoconvergentes, hizo de antiguos dirigentes de UDC. El apoyo de Demòcrates a Jordi Graupera --¿le recuerdan? Posiblemente no, porque su fama política duró exactamente los 15 minutos que cifraba Andy Warhol-- pasó factura a esos arribistas independentistas liderados por los bizarros Antoni Castellà y Núria de Gispert. De ahí que Arcadi Navarro fuera apeado del negociado de Universidades, que un día lideró el propio Castellà, y fuera sustituido por Grau, al que se ve suelto en esas lides identitarias impuestas por Quim Torra.

Dice el secretario de Universidades que la situación del país es “excepcional” y que, por tanto, no ve extraño ni los manifiestos de los rectores a favor del derecho a la autodeterminación y la liberación de los presos independentistas, ni la huelga indefinida, ni las coacciones de los piquetes estudiantiles.

Tampoco le resulta extraño a Grau que la universidad catalana sea la más cara de España y que los recortes aplicados en la época de Artur Mas no hayan sido revertidos todavía. La falta de inversión en este ámbito se suplió con un disparatado aumento de las tasas, fomentando así la desigualdad educativa. Fue precisamente un consejero convergente, Andreu Mas-Colell, quien tildó de “sectario” el relevo de Navarro por Grau. Mas-Colell fue consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) durante el Gobierno de Jordi Pujol. Posteriormente, ese negociado quedó relegado a una secretaría general, lo que da idea del desinterés que los sucesivos Gobiernos tienen por una universidad cada vez más politizada y degradada, donde el activismo secesionista se ha hecho fuerte, especialmente en los asociaciones de estudiantes, pero también en sus órganos de gobierno, muy cómplices con el procés.

Desde el apoyo de la Universitat de Girona al Pacto Nacional por el Referéndum al paro de país secundado por la Universitat Autònoma de Barcelona en octubre de 2017, pasando por la denuncia que hizo la Universitat de Vic de la entrada de la comitiva judicial en la Consejería de Economía... El rosario de adhesiones al proyecto secesionista demuestra cómo los rectores han abandonado la neutralidad política, necesaria para garantizar los derechos y libertades de profesores, alumnos y personal laboral, allanando el terreno a los CDR estudiantiles, que coaccionan a los universitarios que sí quieren acudir a clase.

Nada que decir de ese fervor revolucionario, razonable e incluso exigible a los más jóvenes. Pero cuidado con las listas de buenos y malos patriotas que la pasividad institucional está generando. Atención a los señalamientos y las represalias. Ojo con el pensamiento único que se está imponiendo en un ámbito donde precisamente debe imperar la libertad ideológica y de cátedra.

Y sobre todo, alerta con confundir lo que pasa en Cataluña con otros países, como Chile, donde las desigualdades sociales son la verdadera causa de la protestas. Evitarlas pasa, entre otras medidas, por garantizar una universidad pública de calidad y accesible para todo el mundo. Ni el Govern en general, ni el secretario de Universidades, Francesc Xavier Grau, en particular parecen estar interesados en ello, y sí en justificar una radicalidad tan sectaria como peligrosa.