El caso Joan Vegué es el último escándalo en ciernes de la Cataluña posprocés. El conseller Josep Maria Argimon y su máximo asesor en salud mental presentaron la semana pasada el nuevo plan maestro para las 2.300 personas que necesitan hospitalización de larga estancia por una dolencia de este tipo. 

La hoja de ruta presenta un envoltorio cubierto de buenas intenciones y modernidad: aterrizaje de estos ciudadanos en la comunidad, devolverles su autonomía y poner fin a prácticas psiquiátricas de otra época en línea con los estándares más modernos que se proponen en el contexto europeo. Todo ello es materia de debate ajena a esta columna. 

Lo que sí pertenece a ella es, si me permiten, subrayar, de nuevo, la manifiesta incompatibilidad, al menos estética, y cuando no algo más grave, que presenta el nuevo máximo asesor del conseller Argimon al ser juez y parte en esta materia. Se propone una imbricación comunitaria de estos pacientes cuando el director del plan es alto cargo en uno de los proveedores. Y, hasta febrero, consejero en esta empresa, según el Registro Mercantil. 

El posible conflicto de interés es tan evidente que resulta un perogrullo decir que debe investigarse. Sí, debe analizarse si el doctor Vegué es la persona indicada para tutelar la gran reforma en salud mental en Cataluña. Sin menospreciar su valía y desde el máximo respeto, pero desde la convicción de que el dinero de los ciudadanos es sagrado y que, por ello, se exige saber qué cometido tiene este profesional en CPB SSM, en TLP Barcelona y si estos dos proveedores saldrán ganando con un plan que él mismo propone desde lo más alto de la Consejería de Salud. 

Sin perjuicio de examinar también qué ocurre con los otros proveedores soliviantados con esta hoja de ruta. Este medio explicó que solo la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu podría perder 12 millones de sus conciertos con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut). Lo que es comprensible si la solución asistencial para las personas a las que trata es la óptima. Pero inexplicable si esa merma es para beneficio directo de un competidor que tiene a un hombre fuerte junto al conseller. 

Partidos con representación parlamentaria: ¿no lo ven? ¿Nadie preguntará al consejero si ha elegido a la persona más idónea para diseñar la hoja de ruta? ¿Nadie preguntará qué intereses empresariales tiene el doctor Vegué, cuándo cesó de su cargo, en qué circunstancias, si estas posiciones suponen un conflicto de interés, y si esa potencial incompatibilidad pone en riesgo recursos públicos? ¿Quién paga su sueldo? ¿Quién costea su despacho y asistente? ¿Qué pasa con los alquileres pagados a la directora general del grupo de Vegué? ¿Si hay enriquecimiento patrimonial con el concierto del CatSalut? Solo Vox y la CUP han tomado medidas, por ahora. 

Por el momento, la Consejería de Salud vende que el nuevo plan "se diseñará conjuntamente con los proveedores" [ver nota aquí]. ¿Incluido el del doctor Vegué?

Todo ello son preguntas que merecen respuesta, pues el caso Joan Vegué clama al cielo no tanto por las dudas, sino por el silencio que lo rodea. Por mucho que el afectado, que no contesta a este medio, se defienda alegando que las informaciones sobre él y sus intereses empresariales son cuestión de "fachas". Sorteando la defensa fácil, la que sí fue derecha, y no precisamente blanda, fue la Artur Mas y CiU y los recortes en la sanidad catalana. Espacio político al que el asesor apoyó públicamente.