Joan Vegué (d), el nuevo hombre fuerte de la Consejería de Salud / CEDIDA

Joan Vegué (d), el nuevo hombre fuerte de la Consejería de Salud / CEDIDA

Política

La empresa del gurú de Argimon paga un millón en alquileres a la CEO

La firma del nuevo hombre fuerte del consejero de Salud desvía dinero a su directora: le compró la sede por 2,7 millones de euros

12 mayo, 2022 00:00

La empresa del nuevo gurú del consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimon, paga casi un millón de euros al año en alquileres a la inmobiliaria de su directora general. CBP SSM, la firma del polémico doctor Joan Vegué, beneficia a la alto cargo porque no acude al mercado libre de alquiler para encontrar edificios para clínicas y hospitales, sino que arrienda los de su jefa. De hecho, el cuartel general de la empresa se lo compraron a la ejecutiva por 2,7 millones. 

Es lo que se desprende de las cuentas anuales de CPB SSM para el año 2020, las últimas presentadas por este proveedor del sistema público. Además de prestar servicios de salud mental para la Consejería de Salud, esta firma ha aportado a uno de sus altos cargos para que rija las estrategias en este campo, con fuerte oposición en algunos sectores. Uno de los argumentos contra el nombramiento, además de un posible conflicto de interés, son los negocios inmobiliarios de su grupo. 

978.238 euros al año en alquileres

Lo avanzó este medio: la empresa de Joan Vegué, hombre fuerte del departamento, beneficia a su propia directora general antes de acudir al mercado libre de alquiler o compra. Lo hace por dos vías, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Por un lado, CPB SSM alquila hasta seis bienes a Probosch SA, la inmobiliaria de Rosa Verdaguer, fundadora de la empresa y gerente. El último año cerrado, 2020, los alquileres generaron una factura de 978.238,06 euros.

Imagen del cuartel general de CPB SSM, comprado a la directora general / CG

Imagen del cuartel general de CPB SSM, comprado a la directora general / CG

Son la clínica en el número 14 del coqueto pasaje Mercader, en el corazón del Eixample, una de las zonas retail más caras de Barcelona. También un bien en Travessera de Dalt número 34; un local en Mare de Déu del Coll número 23; un edificio en el pasaje Vilaret número 44 --donde CPB opera el Centro de Salud mental Dreta del Eixample, público--; otro inmueble en el número 646 de la calle Córcega, donde está el Hospital de Día de CPB y el entresuelo segunda del 296 de la calle Diputació, donde está el TLP Barcelona, que es una joint venture con el Hospital Vall d'Hebron, pero una sociedad anónima, esto es, una empresa con ánimo de lucro. 

Le compraron la sede a la gerente por 2,7 millones

Globalmente, Probosch se embolsará cerca de 10 millones de euros si se cumplen todos los contratos de alquiler. Pero es que hay más. CPB SSM, proveedor público, compró su sede a la inmobiliaria de la directora general. Fue en 2015 y a un coste de 2,72 millones de euros, según las cuentas anuales de 2020. Con esa operación, el cliente del CatSalut se subrogó una hipoteca con una entidad financiera de poco más de un millón de euros, aunque deterioró su situación financiera: de hecho, se encuentra en fondo de maniobra negativo por valor de -745.000 euros desde aquella transacción. 

El cuartel general se encuentra en el número 20 de la calle Mare de Déu del Coll de Barcelona. Es aquí donde CPB SSM está establecido y, también, tiene uno de sus hospitales de día. 

CPB: "A precio de mercado"

A preguntas de este medio, la directora general de CPB ha admitido que algunos activos del proveedor del sistema público operan desde inmuebles arrendados a la inmobiliaria de la CEO. La gerente ha subrayado que los precios son "de mercado", y ha justificado la situación con el argumento de que la salud mental "tiene aún un estigma que impide abrir un centro de este tipo en cualquier otro sitio". Esta mala imagen, que perdura entre parte de la ciudadanía, provoca que "no haya edificios disponibles". 

En relación a la compra, Rosa Verdaguer ha admitido que la firma le compró la sede, aunque lo hizo "a precio de mercado". 

Depende del CatSalut

Sea como fuere, la empresa de Verdaguer y del doctor Joan Vegué presenta una situación financiera saneada. En 2020, último año disponible, facturó 12,04 millones de euros, los cuales se generaron por prestación de servicios. La mayoría de los ingresos los produjeron los programas de hospitalización parcial (4,7 millones) y los tratamientos especiales (2,6 millones). Como explicó este medio, el concierto con el CatSalut en el terreno de la salud mental totaliza anualmente cerca de 12 millones de euros: toda la facturación. 

Josep Maria Argimon, consejero catalán de Salud (i), con Joan Vegué (d) / Cedida

Josep Maria Argimon, consejero catalán de Salud (i), con Joan Vegué (d) / Cedida

El beneficio neto dos años atrás fue de 343.989 euros, una alza significativa en relación al excedente anotado el año anterior, que ascendió a apenas 79.483 euros. No obstante, se destinó todo a reservas y no se repartieron dividendos, como ha recalcado Verdaguer en más de una ocasión para subrayar el "carácter social" de la empresa. 

Vegué, a la consejería

En puridad, CPB sería un proveedor más de Salud salvo por un extremo: uno de sus hombres fuertes pasará a regir las políticas de salud mental en Cataluña desde la consejería, la que más dinero público consume de toda la Administración autonómica. El Departamento de Argimon hace hincapié en que no cobrará por ello, pero de momento le ha puesto asistente y despacho, avanzó Crónica Global. Nadie sabe si la retribución será en servicios a su empresa, CPB, porque el equipo del conseller no lo ha aclarado. 

Sí enfatiza el gabinete del consejero que la figura de Joan Vegué está contemplada en la normativa vigente, y que no tendrá poderes ejecutivos. En relación a los alquileres pagados a la CEO, desde Salud no han querido detallar si parte del concierto va a costear esta partida. Por su parte, desde CPB SSM, empresa de Vegué, señalan que su dedicación a la gestión pública es filantrópica. Otros directivos del sector discrepan, igual que lo hacen los pro sanidad pública, que ven "conflicto de interés" y piden su sustitución por otro facultativo.