La CUP estudia llevar a Antifraude el ‘caso Joan Vegué’

La CUP estudia la documentación del caso Joan Vegué para saber si hay mimbres para llevarlo a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Los anticapitalistas examinan si pudo haber posible fraude del concierto con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) por el desvío de recursos a TLP, un centro privado que preside el doctor que ahora ejerce de gurú en sanidad mental de Josep Maria Argimon, conseller de Salud. 

Lo explican fuentes del sector sanitario citando la "gran polémica" que ha suscitado el fichaje del doctor Vegué como nuevo director del Plan Director de Salud Mental de Cataluña. La controversia reside en el hecho de que el facultativo tiene claros intereses en el sector: hasta ahora era director médico de una empresa concertada, CPB-SSM, y es presidente de otra firma sanitaria privada del mismo ramo: TLP Barcelona. Competidores de la industria ven "claro conflicto de interés" entre la posición de Vegué en el Departamento con Argimon y sus cargos directivos en entes con ánimo de lucro. 

A Antifraude

Pero es que hay más. Además de la incómoda doble posición de Vegué como asesor del Ejecutivo regional y alto cargo del sector sobre el que tiene que recomendar, el mapa de la salud mental catalana ha denunciado que el galeno dirige un dispositivo 100% privado al que se derivan recursos públicos, como explicó este medio en exclusiva. Y que también rige una clínica pirata en el Eixample en la que visita de forma anómala. Este medio preguntó si el despacho estaba autorizado por la Dirección General de Ordenación Sanitaria, como debe ser. No recibió respuesta. 

Todo ello está sobre el despacho del grupo parlamentario de la CUP, que examinará la "viabilidad" de llevar el caso a la Oficina Antifraude para cerciorarse de si hubo fraude del concierto del CatSalut al trasladar parte de los recursos que destina a CPB SSM --concertado-- a TLP --privado--. 

Craywinckel, presionada

El movimiento parlamentario de los independentistas es el segundo en el caso Joan Vegué después de que Vox también llevara el asunto a la cámara autonómica, explicó Crónica Global. Los de Ignacio Garriga exigieron la comparecencia del propio consejero Argimon y entraron una batería de preguntas para conocer los datos que rodean la designación del doctor y la cuantía del concierto con las empresas en las que participa. 

Todo ello son movimientos políticos en torno al CatSalut. La gran aseguradora pública catalana que dirige Gemma Craywinckel se ha situado ante constante presión por su cicatería con la información sobre la designación de Vegué, las relaciones de éste con el sector privado y la eficacia de los conciertos públicos con las firmas en las que tiene cargos. Máxime cuando este medio desveló que CPB, la principal, paga los alquileres a una inmobiliaria que es propiedad de la directora general, Rosa Verdaguer. 

Frontera entre lo público y lo privado...

Las incógnitas del caso Joan Vegué afloran por, según fuentes del sector, demasiada porosidad entre lo público y lo privado en algunos aspectos de la gestión del Departamento de Josep Maria Argimon. Los críticos con la designación del profesional lamentan que haya sido nombrado asesor cuando tendrá que decidir sobre aspectos que afectan a las empresas en las que trabaja, como la reducción del número de proveedores o la estrategia en las camas de hospitalización.

El CPB, donde está empleado Vegué, por ejemplo, opera un número de camas de subagudos. 

...y politización

Ello por un lado. Por el otro se afea el carácter político de Vegué, que firmó a favor del expresidente catalán Artur Mas en la etapa iniciática de los recortes de CiU en la Consejería a la que ahora asesorará, detalló Crónica Global anteriormente. 

El mismo manifiesto proconvergente lo firmó Rosa Verdaguer, máxima directiva de CPB SSM y que ha negado en todo momento la colisión de intereses que afectaría al doctor Vegué.