El espectáculo del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, durante la conferencia de presidentes autonómicos de este lunes ha sido bochornoso. Aprovechar la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la reunión sobre el reparto de las ayudas a la reconstrucción, para reivindicar de matute la independencia de Cataluña es una muestra más de la deslealtad de los nacionalistas, además de una falta de sentido del ridículo.

Mientras los dirigentes europeos, nacionales y autonómicos, acudían al foro para intentar salir cuanto antes del pozo económico --y, por tanto, social-- en el que nos estamos metiendo por culpa del coronavirus, el líder de ERC soltaba una soflama sobre el derecho a decidir, ante la incredulidad de los asistentes.

Por suerte para todos, a nivel internacional lo tienen muy claro. Y cada vez más. Basta con echarle un ojo a la Guía para la celebración de referéndums --una actualización del Código de buenas prácticas para la celebración de referéndums-- que acaba de aprobar la Comisión de Venecia del Consejo de Europa --un organismo consultivo ajeno a la UE formado por 47 estados del continente--.

El documento ha pasado algo desapercibido en los medios, pero supone un tremendo varapalo para el secesionismo catalán. El texto es contundente: “El uso de referéndums debe cumplir con el sistema legal en su conjunto. En particular, los referéndums no pueden celebrarse si la Constitución o un estatuto constitucional no los prevén, por ejemplo, cuando el texto sometido a referéndum es competencia exclusiva del Parlamento”.

Por si eso no fuera suficiente, la Comisión de Venecia añade que “corresponde al derecho constitucional nacional establecer si los referéndums están previstos, cuál es su alcance y qué procedimiento se debe seguir para celebrarlos”. Y subraya que éstos no pueden contravenir los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

La organización supranacional insiste en que “los textos sometidos a referéndum deben cumplir con todas las leyes superiores (principio de jerarquía de normas)” y señala que “los estados pueden añadir más limitaciones”. Además, admite que los referéndums “pueden abordar cuestiones territoriales, como la creación o la fusión de entidades subnacionales, así como la secesión”. Eso sí, solo “en los raros casos en los que lo permite la Constitución nacional”.

Visto lo visto, sorprende el empeño del Gobierno en tender una mano al independentismo catalán. “Todos los gestos que se hagan para normalizar y favorecer la convivencia de Cataluña deben ser bien recibidos”, decía el ministro de Transporte y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, este fin de semana en una entrevista en El Periódico, al ser preguntado sobre un posible indulto para los condenados del procés.

Igual que los independentistas supuestamente moderados y pragmáticos siguen sin enterarse de la respuesta que el mundo civilizado ha dado a su proyecto rupturista, nuestros gobernantes tampoco parecen comprender que la política de paños calientes no funciona con ellos. Ábalos considera que los indultos a los sediciosos son “medidas tendentes a promocionar la convivencia y garantizar la normalidad y el apaciguamiento” que “deben ser bien recibidas”. “No seamos hipócritas en esto. No conocemos ninguna situación de normalización, de apaciguamiento y de convivencia que no haya ido acompañada de gestos”, persistía el ministro.

El Gobierno debería tomar nota de Europa, que nos muestra el camino a seguir. ¿Acaso la decisión de la Comisión de Venecia va en contra del “apaciguamiento” de los nacionalistas y de la “convivencia” en Cataluña? ¿Alguien cree que el portazo del Consejo de Europa al secesionismo atenta contra la “normalidad” en la comunidad catalana?

No seamos hipócritas. Los “gestos” hacia los independentistas únicamente responden a la necesidad de apoyos parlamentarios del Gobierno, especialmente para sacar adelante los presupuestos. Pero estos “gestos” nos saldrán muy caros a todos porque, como hemos comprobado en la conferencia de presidentes, el nacionalismo catalán es traicionero por naturaleza. Ya lo dijo el propio Aragonès tras la reunión, “era una oportunidad” que había que aprovechar. Y volverán a hacerlo siempre que puedan.