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Estrategias electorales fallidas

Cristina Farrés
5 min

La semana siguiente a las elecciones del 28A se ha convertido en la de pasar revista a las estrategias electorales fallidas. Todo el mundo tiene la lupa puesta en la del PP de Pablo Casado. El tropiezo mayúsculo del partido en las urnas se ha cobrado una primera víctima política, Javier Maroto, que ha sido apartado de la dirección de campaña. También se puede poner el foco en lo que ocurre en otros comicios que han entrado ya en el camino del absurdo.

Se trata de las elecciones a las 13 cámaras de comercio de Cataluña que empezarán este jueves 2 de mayo o, más concretamente, en la de Barcelona. Tras la decisión de la Generalitat de implementar una plataforma de voto electrónico que ha sido enmendada por el Ministerio de Industria, ya que considera que no ofrece suficientes garantías de que nadie votará en nombre de un tercero --y que la Generalitat se resiste a modificar, por lo que es pasto de la judicialización de los resultados--, en la capital catalana se ha llegado al surrealismo de que una candidatura pida el voto en nombre de sus rivales.

Los ideólogos de esta iniciativa son Enric Crous y la patronal de pymes Pimec, inmersos en una cruzada para conseguir el máximo número de sillas posible en el pleno de la organización de dinamización empresarial de la capital catalana. Fueron los impulsores de la delegación del voto a los gestores que abrió la puerta a las demandas por suplantación de identidad. ¿Puede una persona votar en nombre de otra? El blindaje de la titularidad del voto en nuestro país es tal que llega a situaciones igualmente absurdas como las de impedir que una persona enferma u hospitalizada, por ejemplo, participe en los comicios al no poder acudir físicamente al colegio electoral.

Disponer de una plataforma on line que facilite la participación en remoto es una alternativa que debería estar sobre la mesa de cualquier sociedad que aspire a ser avanzada. El problema es cómo se blinda el sistema. Cómo se evita que el colapso de la web o que los resultados no sean alterados por los hackers. O, el escenario más sencillo, que los responsables de diseñar los comicios no caigan en la tentación de introducir pequeñas modificaciones que favorezcan a sus opciones políticas. Desde decidir cómo se dibujan los formularios --¿ganó George Bush a Al Gore en el 2000 por el diseño de la papeleta en el condado de Palm Beach?-- a qué información se usa para identificar a los votantes.

Si es con un solo paso, el de introducir por ejemplo el DNI; o si es con dos, con el número del DNI se manda a un móvil un código personal de un solo uso con el que se emitirá el voto. Otra rareza de las elecciones a las cámaras catalanas es que se usará el más simple para participar de forma remota y el más complejo (llamado más robusto) en la presencial.

El reto es mayúsculo en este sentido, y ni en España ni en buena parte de Europa se han atrevido a dar el paso. Poner las urnas físicas lleva quizá a que una monja altere el voto de los ancianos a su cargo, pero no da argumentos para una impugnación masiva de los resultados. La inseguridad jurídica máxima que serviría también de excusa para los que no estén cómodos con los resultados electorales.

Con todo, ¿es razonable introducir la recogida de certificados digitales de empresas a través de gestores de confianza para asegurarse un colchón mínimo de votos? ¿Era esperable una denuncia sobre las implicaciones legales que tiene? ¿No era más inteligente, por ejemplo, promover que el mayor número de empresas de tu cuerda disponga de los documentos que les permitirán votar como ha hecho Pimec a título individual [cuestan 15 euros]? Los errores estratégicos tampoco son patrimonio exclusivo de la clase política.

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¿Quién es... Cristina Farrés?
Cristina Farrés

Periodista especializada en el área de economía y coordinadora de la sección de empresas.