Me sorprende que haya pasado sin pena ni gloria la que me parece la noticia más relevante de los últimos días. No, no me refiero al acuerdo de investidura de Pere Aragonès firmado por ERC y JxCat. Hablo, evidentemente, del reconocimiento por parte del PDECat de que pagó durante casi dos años 7.000 euros mensuales a Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn.

7.000 pavos al mes a cada uno de ellos entre agosto de 2018 y abril de 2020, cuando los exconsellers estaban en la cárcel por promover el fallido intento de secesión unilateral. En total, 417.548 euros, a los que hay que sumar otros 1,6 millones en gastos jurídicos de las causas del 1-O de los tres figuras y de otros militantes del partido.

No son pocos los que dicen que el procés --y, por extensión, el nacionalismo catalán-- es un negocio. Muchos se niegan a aceptarlo, pero la realidad tiene la manía de imponerse una y otra vez. Y la revelación sobre Rull, Turull y Forn es una de esas ocasiones.

Tiene guasa que estos tres tipos, que se han pasado los últimos años hablando de “dignidad” --han apelado a ella tantas veces, la han manoseado tanto, que ha perdido su significado--, aceptaran gustosos la guita. Aunque, eso sí, con discreción, con mucha discreción.

Al final, resulta que no eran más que vulgares Baigets. ¿Recuerdan? Aquel consejero de Empresa que en julio del 17 --en la recta final del 1-O-- admitió en una entrevista que “podría aguantar tener que ir a la prisión, pero no si van contra el patrimonio”. Él fue cesado de inmediato por botifler, pero Rull, Turull y Forn han sabido rentabilizar su presunta dignidad.

Y no me extraña, porque Turull lo tenía bien claro desde el principio. En abril de 2017, meses antes del 1-O, puso a nombre de su mujer, Blanca Bragulat, una parte sustancial de su patrimonio. Una operación que le costó la denuncia de la fiscalía por considerarlo un alzamiento de bienes para protegerlos de las multas derivadas de su responsabilidad en el procés, aunque fue archivada por el TSJC en noviembre de 2018.

Lo más gracioso de todo es que, mientras los pagafantas del PDECat les soltaban el parné, no hubo ningún problema. Pero el flujo de sobres paró en abril de 2020 y el trío lo tuvo claro. En verano dejaron tirados al partido que les había llenado los bolsillos de billetes durante casi dos años --y que se había quedado con las cuentas tiritando, como demuestra el aterrador informe económico conocido el sábado-- y se largaron con Puigdemont a JxCat.

Para más inri, los tres patriotas firmaron un artículo al alimón en septiembre pasado en el que, en un ejercicio de sarcasmo sin límites, volvían a invocar a la “coherencia y dignidad” para justificar su cambio de chaqueta.

Unos días antes, en una carta enviada al presidente del PDECat, Turull le explicaba que dejaba la formación porque entendía que ya no servía para “culminar lo que empezamos el 1 de octubre de 2017”.

Hoy, Turull es uno de los vicepresidentes de JxCat. El mismo partido que en el acuerdo de Govern con ERC ha pospuesto aquella “culminación” a tiempos mejores porque, mientras tanto, hay muchos cargos que necesitan mantener su sueldo en la Generalitat.

Y es que, cuando hay que elegir entre dignidad y patrimonio, los Rull, Turull, Forn y compañía lo tienen muy claro.