Bueno, pues todo avanza según el plan previsto. El Gobierno del PSOE y el PSC apuesta por poner en marcha un consorcio formado por la Administración General del Estado y por la Generalitat para recaudar todos los impuestos en Cataluña.
Los independentistas exigen que todos los tributos los recaude la Generalitat, y los socialistas entienden que la opción del consorcio es un punto medio aceptable. Y esperan que, con esta cesión, ERC acabe apoyando la investidura de Salvador Illa como presidente autonómico.
Lo cierto es que la propuesta socialista no tiene nada de razonable. Se trata de un primer paso hacia el concierto económico, como el que se aplica en el País Vasco y en Navarra, con un cupo infame.
Cuando Sánchez necesite otro apoyo relevante de los independentistas y ese sea el precio, se lo acabará pagando. Este avance no es más que una suerte de pago a cuenta.
Y, si los socialistas siguen en el Gobierno, no hay duda de que acabará ocurriendo. Como aprobaron los indultos, la abolición de la sedición, el abaratamiento de la malversación y la amnistía que tantas veces negaron.
Lo razonable --desde un punto de vista de la igualdad, en la que creemos (o, más bien, creíamos) los socialdemócratas-- habría sido suprimir el concierto vasco y el convenio navarro.
No tienen sentido ese tipo de sistemas tributarios más propios de la Edad Media que de un país europeo moderno. Pero, a causa del apoyo de los españoles a un tipo sin escrúpulos, hemos avanzado en sentido contrario.
Pues bien, esto es lo que hay.
No hay que ser muy sagaz para prever que las demás comunidades que lideran el ranking de territorios con mayor generación de impuestos exijan --más pronto que tarde-- un sistema y un acuerdo similares al que se pacte con la Generalitat y al que rige en el País Vasco y Navarra.
Hoy comienza esa ruta. Y cuando Madrid, Valencia y Baleares tengan sus propios conciertos económicos, España ya no tendrá demasiado sentido.
