Cuotas de catalán, nuevo 'macguffin' independentista

maria jesus canizares loop bw6
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Ni el propio Pere Aragonès acaba de creerse que las cuotas de catalán en Netflix son una cuestión de Estado (propio). A juzgar por su intervención en la sesión de control celebrada ayer en el Parlament, el president dista mucho de considerar esa imposición a las plataformas de pago como una gran aportación al blindaje de la lengua catalana. Su tibia respuesta al siempre negativo Albert Batet (Junts per Catalunya) --el diputado intenta ser apocalíptico, por aquello de que es un convergente converso, pero el tono de voz no le acompaña--, denota que la polémica sobre la ley audiovisual española es el nuevo macguffin de la película procesista: permite avanzar en la trama identitaria, sin que tenga demasiada relevancia en sí mismo.

De hecho, la ley española ya contemplaba desde un principio esas cuotas de idiomas oficiales, pero los independentistas quieren más. Aragonès asintió ante sus socios de gobierno, para a continuación contrarrestar el pesimismo de Batet poniendo en valor los activos del catalán: “Nuestra lengua tiene un dominio lingüístico de más de 10 millones de hablantes. De las lenguas sin Estado, es la que tiene mayor uso en internet. Cuenta con una producción cultural creativa extraordinaria y de primer nivel a escala mundial”.

Le faltó decir que, posiblemente, sea la lengua sin Estado más subvencionada de forma directa, con partidas incluidas en los presupuestos de la Generalitat, o indirecta, a través de la Plataforma per la Llengua, entidad dedicada a fomentar la delación de aquellos que hablan en castellano en bares, patios escolares  y universidades. En efecto, ese es el concepto de libertad que predica esa autodenominada oenegé del catalán, llamada a fiscalizar mentes, sentimientos e intimidades de los ciudadanos, no vaya a ser que nos pille en un renuncio, esto es, hablando en castellano quienes vivimos y trabajamos en Cataluña

¿Exagerado? Lo parece, pero no. La líder de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, exige vivir las 24 horas del día en catalán. Lo dice quien prefirió tragarse su orgullo secesionista y ocupar escaño en el Congreso. Lo cortés no quita lo valiente y ser cienmileurista --cobra 117.689 euros al año-- a costa de los impuestos que pagan todos los españoles, bien vale unas palabrillas en castellano. Nogueras, eso se lleva mucho, intenta hacer de antisistema dentro del sistema. Y eso a los neoconvergentes no se les da demasiado bien. De casta el viene al galgo. Que una cosa es reunirse con la CUP y otra renunciar a esa libertad de mercado que durante tantos años ha favorecido a los intereses convergentes.

Unas palabrillas en castellano que, por cierto, están vedadas en TV3. Menuda trifulca se montó cuando la serie Drama optó por protagonistas que hablaban indistintamente en catalán y castellano. Los independentistas no soportaron ese baño de realidad y montaron en cólera, asegurando que en la nostra se hablaba demasiado en español.

Drama es lo que están haciendo los socios del Govern con las cuotas lingüísticas en la ley audiovisual. Y convendría recordar que a las grandes productoras no le gustan las sobreactuaciones fuera de pantalla. Corrían los años 90 cuando el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, amenazó con multar a las majors de Hollywood si no doblaban sus filmes al catalán. No había en aquel gobierno de Jordi Pujol más divo que Pujals --fulminó al entonces director del TNC, Josep Maria Flotats, porque no podía haber dos estrellas en el firmamento cultural catalán--, quien se tuvo que envainar su decreto de cuotas por orden judicial. En 2010, el tripartito recuperaría la medida en una ley del cine que, 11 años después, todavía no está desarrollada. Así lo denunció el jefe de la oposición, Salvador Illa (PSC), para advertir de que, antes de reclamar al Gobierno español esas cuotas que Netflix y HBO van a pasarse por el forro, hay que elevar el nivel de autoexigencia.

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
sin fondo cañi

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.