El Govern de ERC vuelve a la carga con su política para arrinconar el castellano en todos los ámbitos públicos. La portavoz del ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, lo ha dejado claro esta semana al señalar como uno de los “objetivos señalado en rojo” es “impulsar y promover” el catalán “cada día, en todos los sitios y en todos los departamentos”.

A priori, promover el catalán es un objetivo que la amplísima mayoría de catalanes compartimos. Sin embargo, en boca de los nacionalistas, este objetivo genera pánico y terror. Basta con observar cómo lo han implementado en los últimos 43 años, los mismos que han estado gobernando ininterrumpidamente la Generalitat.

Nadie duda de que el verdadero propósito del Govern de Pere Aragonès es expulsar el español tanto como sea posible de la esfera pública. Aunque, en realidad, poco queda ya por hacer: en los currículums escolares, el castellano tiene la misma presencia (o menos) que una lengua extranjera; en la administración de la Generalitat apenas aparece de forma minúscula en algunos formularios (obligando en el resto de casos a quien quiera los papeles también en castellano a pedirlos, pese a que la justicia ha ordenado que no recaiga esa carga en el ciudadano); en las calles, hace años que se erradicó la lengua mayoritaria de los catalanes (el español) de los rótulos, carteles y placas (incluso de las señales de circulación, incumpliendo lo que dice la ley –por cierto, se siguen ganando contenciosos por multas de aparcamiento por este motivo–); su presencia es inexistente en las campañas institucionales y medios locales, provinciales y autonómicos, y residual en los transportes públicos.

Por si eso no fuera suficiente, quien se atreva a rotular su tienda solo en castellano se arriesga a recibir un multazo (mientras que hacerlo solo en catalán ni siquiera te inhabilita para recibir subvenciones). Y las sanciones se están incrementando.

Ahora también han puesto el punto de mira en los centros de día y residencias de mayores y los sanitarios, especialmente después del caso de la famosa enfermera del “puto C1 de catalán”.

Sin embargo, es una batalla perdida.

Los nacionalistas pretenden que el español deje de ser la lengua propia y habitual de la mayoría de los catalanes y eso es imposible. La fuerza abrumadora del castellano hace de ese objetivo una quimera. Así, lo único que conseguirán son dos cosas: generar antipatía hacia el catalán y fastidiar la vida de los catalanes castellanohablantes pisoteando sus derechos.

Además, algunas cosas están cambiando para bien. Hace unos días, Federalistes d’Esquerres publicó un manifiesto en el que abogaba por reintroducir el castellano como lengua vehicular escolar junto al catalán. Es decir, abolir la inmersión.

“Tampoco parece discutible que, pese a la centralidad vehicular del catalán, el castellano no puede convertirse en algo marginal, ajeno a la adquisición viva de conocimientos. Un correcto aprendizaje del castellano requiere que algunas asignaturas se enseñen en esta lengua, como ya es el caso en muchas escuelas concertadas y privadas. Sin embargo, tenemos un grave problema cuando el tratamiento escolar del castellano es vivido como una discriminación”, señala la declaración del think tank progresista.

El PSC fue uno de los principales impulsores de la inmersión, es decir, de la exclusión del español como lengua vehicular escolar. Pero su entorno más cercano –como es el caso de Federalistes d’Esquerres– cada vez está más convencido de que la escuela pública debe ser bilingüe. Y eso es algo que cada día parece más inevitable. Por mucho que los nacionalistas pongan todos sus esfuerzos en hacernos la existencia lo más desagradable posible.